El nuevo Reglamento que aplicará y desarrollará la Ley de Costas -con 228 artículos y 36 disposiciones- contempla 105 años de plazo máximo efectivo para las viviendas con concesión, 80 para las industrias y 60 para los chiringuitos. El Consejo de Ministros le dio ayer luz verde con la intención de poner fin al "desorden enorme y la inseguridad jurídica" en la que se encuentran quienes viven o desarrollan actividades económicas en el litoral, dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.

La Administración intenta "reglar" la situación de 40.000 ocupaciones que existen en el DPMT (terrenos del Estado), de los que -únicamente están regulados el 10%. De éstas, hay aproximadamente 24.000 viviendas con derecho a concesiones compensatorias de esa suerte de expropiación, al pasar a ser el terreno del Estado. Entre otras cifras del "desorden", Ramos subrayó que se habían iniciado 900 expedientes de concesión, de los que desde 1988 hasta la actualidad se han resuelto 600. "Esto significa que 23.100 expedientes ni se han iniciado. Esto genera inseguridad a quienes tenían una vivienda o una empresa".

El Reglamento afectaría a 100 hoteles en el DPMT y otros 900 en las zonas de servidumbre, a 3.000 chiringuitos en DPMT y a 1.700 empresas y a otras 13.000 viviendas en las zonas contiguas al dominio público. Con el nuevo reglamento, las instalaciones tendrán que pagar al Estado un canon anual que representa el 8% del valor catastral. Hasta ahora, el Estado percibe unos 20 millones de euros del 10% con concesión reconocida por lo que espera "multiplicar" recaudación.

"No se podrá construir nada nuevo ni aumentar la altura o el volumen de las instalaciones, pero los concesionarios podrán transmitir estas concesiones. Además, podrán hacer obras y si se trata de mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua se autorizarán con un mecanismo más ágil a través de una declaración responsable. La ley de costas no tiene que petrificar la línea de playa", afirmó el secretario de Estado. Ramos defendió que el objetivo del reglamento es la mejora de la protección ambiental, mejorar la seguridad jurídica de los usuarios y regular la actividad económica sostenible en la costa.

El reglamento incluye una cláusula para evitar situaciones como la del hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería), al establecer diferencias entre las playas urbanas y naturales, otorgando distintos niveles de protección e introduce por primera vez los efectos del cambio climático sobre el litoral de las 23 provincias costeras de España.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que para la elaboración del texto se ha contado con la participación de ciudadanos, ONG, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos, además de incorporar recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.