La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha registrado una petición de comparecencia ante la Comisión Plenaria de Seguridad del concejal Avelino Barrionuevo para que "dé explicaciones sobre el incremento en el último año en hasta un 160% de las sanciones a mujeres en contextos de prostitución".

Morillas considera que se trata de una actitud "indecente, machista y aporofóbica del equipo de gobierno, que está estigmatizando a mujeres que ya son víctimas de una profunda vulneración de derechos".

Asimismo, ha apuntado que "un 94% de las sanciones impuestas durante 2023 ha sido a las mujeres y sólo un 6% a los puteros. Hay una estrategia profundamente errónea y la ordenanza de convivencia que contempla las sanciones de las prácticas sexuales en la vía pública está suponiendo que a mujeres que ya están en situación de vulnerabilidad se les apliquen sanciones que pueden llegar hasta los 1.500 euros, generando una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad económica y una clara estigmatización y victimización a un colectivo ya vulnerable"."El equipo de gobierno nos traerá alguna iniciativa para hacerla institucional en vísperas del 8 de marzo, les digo que lo mejor que pueden hacer en el marco del 8M es dejar de ejercer la violencia institucional contra las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, como son los contextos de prostitución, lo mejor que pueden hacer es derogar el artículo 36 de la ordenanza de convivencia", ha señalado la portavoz de la coalición de izquierda.

También ha recordado que "la trata y la explotación sexual son delitos, reconocidos como violencia machista contra las mujeres, tanto por nuestro ordenamiento jurídico como por el convenio de Estambul"."Hay datos a los que debemos atender: el Centro de Inteligencia sobre Delitos de Terrorismo y Crimen Organizado, señala que una de cada tres víctimas de trata se encuentra en Andalucía. Y organizaciones sociales especializadas en intervención con mujeres víctimas de trata y explotación, como 'Zona de Conflicto', señalan que más de un 95% de las víctimas de trata en Andalucía son víctimas de explotación sexual", ha continuado.

En cuanto a la demanda, ha agregado, "un informe de la Universidad de Comillas señala que uno de cada cinco hombres en algún momento de su vida ha pagado por sexo, teniendo en cuenta que más de un 90% de la prostitución se realiza en contextos de explotación, observamos que estamos ante actos de violencia sexual profundamente normalizados"."La actuación de los poderes públicos no puede la de sancionar a las mujeres, tienen que orientarse a perseguir y a acabar con la impunidad de la industria proxeneta, a mejorar los instrumentos de las instituciones para detectar las situaciones de trata y explotación sexual, a acompañar a las mujeres en un proceso que les permita desde un punto de vista laboral y social recuperar sus vidas", ha demandado la portavoz de Con Málaga.

Así, Morillas ha pedido al equipo de gobierno del PP que "dé explicaciones de si existe algún tipo de instrucción por parte de la delegación de Seguridad que esté obligando a que un 94% de las sanciones se estén imponiendo a las mujeres"."Se debe a una ordenanza que municipal de convivencia que en su artículo 36 reconoce las prácticas sexuales en la vía pública como una infracción grave, pudiendo llegar las multas hasta los 1.500 euros, por eso este artículo tiene que ser derogado. Y el Ayuntamiento tiene que comprometerse de una manera más decidida a destinar recursos para el trabajo de detección, recuperación e inserción laboral para mujeres que están en contexto de prostitución".

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que "los datos muestran claramente que el equipo de gobierno ejerce violencia institucional y se ensaña sobre mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Urge que ofrezcan explicaciones públicas, se depuren responsabilidades y se trabaje en favor de las mujeres en contextos de prostitución, mediante políticas sociales y de protección efectiva, no en su contra, a través de multas y persecuciones", ha concluido.