IU no quiere cometer el error de quedar aplastado por la maquinaria pesada del PSOE. Aunque acaba de estrenarse como su socio de gobierno, en la primera ocasión que ha tenido por delante, en este caso el debate en el Parlamento sobre los efectos en la comunidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, ha marcado su impronta con una iniciativa que no ha tenido eco en la bancada socialista: que el Parlamento inste a la Junta a pedir al Gobierno central que modifique sus cuentas para que, en aras al equilibrio presupuestario, se recorte un 15% del gasto de la Casa Real, se suprima la subvención a la Iglesia y la eliminación de la cuota de la OTAN y la participación del ejército en Afganistán.

La lectura de esta iniciativa no cabe en términos de primer encontronazo con el PSOE, sino más bien en un gesto de IU de cara a su electorado y de mantener su identidad, porque de hecho es una iniciativa que no llegará a ningún lado. Aunque la coalición de izquierdas también podría haber jugado sus cartas si la propuesta se hubiera despiezado. Hubiera logrado el apoyo socialista, al menos, en lo que respecta a la Iglesia y el gasto en Defensa. De hecho, en plena campaña electoral, Griñán ya apuntó en esa dirección. Sugirió entonces que para conseguir el objetivo de déficit el Gobierno de Rajoy podría recortar en ministerios "huecos o vacíos" como Defensa o en gastos de la Iglesia antes que tocar las partidas de sanidad y educación.

El otro puntal en el que IU quiso marcar distancias, aunque no votando en contra, sino con la abstención, fue en la propuesta del PSOE de aplaudir el esfuerzo de equilibrio presupuestario practicado por la Junta durante la etapa de mayor crecimiento del país, que le llevó a tener un nivel de endeudamiento inferior al de otras comunidades. Como explicó su portavoz, José Antonio Castro, en esa etapa lo que hacían falta no era tanta contención, sino políticas de estímulo e inversiones que no se llevaron a cabo y que su formación sí reclamó en cada debate presupuestario.

En lo que sí estuvieron de acuerdo PSOE e IU fue en rechazar las cuentas de Rajoy, en las que no vieron más que un castigo a Andalucía al exigir un ajuste "desmesurado" e "injusto" a Andalucía por imponerlo en función al PIB y no por peso poblacional -lo demandarán para 2013 por la vía política y judicial-, un criterio que tampoco se respeta en la inversión estatal para 2012, aunque así lo marque el Estatuto andaluz. En definitiva, los PGE son un elemento para justificar de sobra la confrontación contra el Ejecutivo central, al que los dos socios acusaron de gobernar "con saña" contra Andalucía, al no aceptar los resultados electorales del 25-M.

La ofensiva del PP fue recordar que Andalucía es quien más recibe del Estado, y que si hay acusar a alguien de la situación es a la Junta por ser la única responsable del "recortazo" derivado de "su falsedad en los ingresos y el descontrol en el gasto público", y por intentar taparlo con la confrontación.