Con la aprobación del decreto sobre las nuevas Oficina Judicial y Fiscal, Andalucía se suma a las comunidades de País Vasco y Cataluña, las dos únicas que han iniciado la implantación de la Oficina Judicial de las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas actualmente las competencias en materia de Justicia. La implantación en estas comunidades es muy desigual, dado que aunque en el País Vasco la nueva Oficina está ya operativa en el 90% de los órganos judiciales, en Cataluña la implantación sólo alcanza al 15% de la estructura judicial, dado que únicamente está operativa en los partidos judiciales de Gerona y Olot.

País Vasco y Cataluña dictaron sus decretos de implantación de la nueva Oficina Judicial en agosto de 2009 y noviembre de 2010, respectivamente. Andalucía se va a convertir ahora en la tercera comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias judiciales que inicia el despliegue de ambas oficinas. Canarias y Valencia también han publicado sus respectivos decretos, pero hasta la fecha no han implantado el nuevo modelo.

En el resto de comunidades la implantación es nula, lo que ocurre, además de Andalucía, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Valencia.

En cuanto a las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, el grado de implantación es muy reducido.

Actualmente las provincias que cuentan con Oficina Judicial implantada por el Ministerio de Justicia son León, Burgos -donde comenzó a desplegarse el 10 de noviembre de 2010-, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Murcia y Ceuta, y próximamente el despliegue llegará a las provincias de Melilla y Plasencia.

La reforma que se va a implantar en Andalucía pretende sacar del pasado la actual organización judicial, que procede del siglo XIX y arrastra unas estructuras anticuadas, no homogéneas y en las que falta agilidad y eficacia. Se trata de una organización que cuenta con personal que no está especializado y que se distribuye en compartimentos estancos -los distintos juzgados-. Las carencias de esta estructura se han hecho más patentes en los últimos años en los que, como consecuencia de la crisis económica, la tasa de litigiosidad en Andalucía se ha situado en 226,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa por encima de la media nacional, que es de 190 asuntos.

Las consecuencias del aumento de la litigiosidad se traducen en un mayor coste del servicio de Justicia, que se hace más lento si cabe y colapsa aún más los ya de por sí sobrecargados órganos judiciales y tribunales. Todo ello redunda en una insatisfacción de los ciudadanos, por cuanto según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el 78% de los encuestados muestra su preocupación por las dilaciones de la Justicia, y el 77% considera que la Justicia funciona regular, mal o muy mal, según un barómetro del CIS de 2008.

En este panorama, la Consejería de Justicia, en lugar de apostar por el incremento de los órganos judiciales, que entiende supondría un aumento del gasto pero no soluciona el problema de fondo, aboga por la implantación de las nuevas Oficinas Judicial y Fiscal y una triple modernización personal, tecnológica y material.