Antonio Vicente Lozano, el que fuera número 2 de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia hasta el pasado lunes, ha solicitado a la juez Mercedes que suspenda su declaración como imputado prevista para hoy hasta que se resuelva el recurso presentado contra su imputación en la causa de los ERE fraudulentos.

El abogado José María Mohedano, que defiende a Lozano, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pide a la magistrada que suspenda la comparecencia hasta que se resuelva el recurso, porque de lo contrario se produciría "un daño irreversible para los perjudicados por la resolución recurrida, que frustraría y haría ilusorio el efecto de una eventual estimación" del mismo.

El letrado critica en el escrito que la instructora no haya enviado a la Audiencia este recurso a pesar de que hace "dos meses" que se presentó y recuerda que en el mismo se reclama la nulidad del auto del 28 de junio por el que Alaya imputó a Antonio Vicente Lozano y a otros 19 ex altos cargos de la Junta, al considerar que la resolución vulneraba el derecho a la tutela judicial de su cliente por la "manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación". Asimismo, Mohedano dice que "brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario que permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva", por lo que solicita a Alaya que suspenda la declaración hasta contar con la resolución de la instancia superior. Alaya mantendrá con toda probabilidad la declaración, puesto que una petición de suspensión similar se planteó en julio pasado por la Junta de Andalucía con motivo de la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, que la instructora mantuvo y se celebró con el visto bueno de la Fiscalía de Sevilla, que se opuso a que se suspendiera la comparecencia por los mismos motivos que ahora se plantea en el caso de Antonio Vicente Lozano.

La defensa del ex viceconsejero de la Presidencia ha pedido también a Alaya que, en el supuesto de que la declaración se celebre, permita la grabación con medios audiovisuales, un sistema con el que no sólo se acortan las actuaciones procesales y se refleja la riqueza de matices de la declaración, sino que también "se evitan las protestas por mantenerse un diálogo con el imputado en lugar de un interrogatorio, por hacer preguntas inducidas o reconvenciones, por preguntar varias veces lo mismo o porque no se le permite al imputado explicar o manifestar lo que tenga por conveniente ni dictar sus respuestas" de acuerdo con lo establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal. La juez tampoco accederá a esta petición, que ya fue planteada por otras defensas al inicio de la instrucción.

Mohedano ya criticó en su día que la declaración al ex interventor de la Junta era "más propia de un juez inquisitorial y preconstitucional" por la forma en que Alaya hacía las preguntas.