Caso Nevada

Tomás Olivo, el único superviviente del clan del 'pelotazo'

  • El promotor afincado en Marbella ha ingresado 82 millones en dividendos de su sociedad de inversión inmobiliaria poco antes de que la Junta le pagara la indemnización de 165 millones en el caso Nevada que, en la vía penal, le ha costado una condena de 15 meses por delito urbanístico

  • Desde el mes de julio ha destinado 62 millones a compras de activos en Málaga, Granada y Las Palmas de Gran Canaria

El empresario Tomás Olivo sale de su coche en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga El empresario Tomás Olivo sale de su coche en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga

El empresario Tomás Olivo sale de su coche en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga / Javier Albiñana

General de Galerías Comerciales, la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) del promotor Tomás Olivo, ha tirado de chequera. En los últimos seis meses ha destinado más de 62 millones a reforzar su cartera de activos. En enero ha firmado una compra de suelos en Rincón de la Victoria (Málaga) por importe de 11,5 millones, en noviembre pagó al grupo Eroski 45 millones por el centro comercial El Mirador en Las Palmas de Gran Canarias y en julio entregó seis millones por el antiguo edificio de Telefónica en el centro de Granada. La socimi de Olivo ha afrontado todas las operaciones con fondos propios y lo ha hecho apenas unas semanas después de repartir un dividendo de 82,6 millones de euros por los beneficios obtenidos en 2017 y casi coincidiendo con el cobro de los 165 millones de indemnización que le ha pagado la Junta de Andalucía a finales de diciembre.

Este reparto de dividendos es uno de los más espectaculares que se pueden encontrar en el mercado durante el último año. Supone una asignación de 3,18 euros por acción de la sociedad. Se acordó en la junta general de accionistas del 28 de junio de 2018, con cargo a los beneficios de 2017, que se elevaron a 103 millones. Para situar la dimensión de esta cifra solo hay que tener en cuenta que el dividendo del Banco de Santander correspondiente al mismo ejercicio se elevó a 22 céntimos por acción. Catorce veces menos.

Tiene pendiente un juicio por soborno para hacerse con los suelos de La Cañada

Uno de los factores más singulares de este reparto de beneficios reside en que los 82,6 millones los recibirá en casi su totalidad una única persona: Tomás Olivo, dueño del 99,5% de las acciones de General de Galerías Comerciales (GGC) y uno de los promotores más controvertidos del escenario empresarial. Es el último superviviente de la generación del pelotazo que se forjó al calor del ladrillo en el albur del siglo, después barrida por la crisis y la corrupción político urbanística. Se ha sentado en el banquillo como muchos otros promotores y todavía tendrá que regresar a él. Sin embargo, mientras que el resto del clan ha concluido su aventura en la cárcel o en la ruina, él ha logrado escabullirse bajo sus propias sombras y colocarse en el puesto 14 de la lista Forbes de los más ricos de España, con una fortuna estimada en 1.800 millones de euros. Se sitúa justo detrás de Jaime Botín, principal accionista de Bankinter.

El millonario reparto de dividendos y las últimas compras de activos han tenido lugar casi coincidiendo con los 165,6 millones de euros que General de Galerías Comerciales ha recibido de la Junta de Andalucía, una suma astronómica que pone fin a un proceso de difícil digestión. Los orígenes se remontan a 2006 cuando la Junta de Andalucía impugnó la licencia que el Ayuntamiento de Armilla (Granada) le había concedido para levantar el centro comercial Nevada en esta zona metropolitana de la capital granadina. Un juzgado contencioso paró cautelarmente las obras que estuvieron ocho años estancadas, hasta que en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la empresa argumentando en la sentencia que la Junta de Andalucía había recurrido la licencia fuera de plazo.

Tiene una condena por delito urbanístico y fue absuelto en el caso de la operación Malaya

Este fue el primer error de bulto del Gobierno regional en este caso. Ahí se abrió la primera puerta para que Olivo reclamara daños y perjuicios. Logró que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada acordara una indemnización de 157 millones de euros tras un juicio al que, sorpresivamente, no acudió el abogado de la Junta de Andalucía. Este fue el segundo gran error. Se habló entonces de un fallo de agenda, pero las consecuencias reales de esta ausencia nunca se podrán delimitar. No acudir a la vista oral supuso de facto que la Junta de Andalucía ni se opuso a indemnizar a Olivo ni propuso pruebas para rebatir su tesis. Es cierto que había presentado escrito de oposición y un informe pericial, pero no pudo ratificarlos en la vista oral. A efectos prácticos no existían.

En los 70 trabajó para Jesús Gil y tuvo contratado a Juan Antonio Roca

La sentencia fue recurrida después ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo no sólo dio la razón a General de Galerías Comerciales, sino que elevó la indemnización a 165,6 millones y dejó fuera de nuevo aquel informe pericial. La sentencia, dictada en mayo de 2017, argumentaba que la Junta no podía invocar indefensión porque se daba por sentado que se trataba de una Administración “debidamente personada y cuyo asesoramiento jurídico no ofrece dudas”. Tanto la Junta como el propio Tomás Olivo apelaron esta sentencia, pero el Tribunal Supremo no aceptó los recursos, poniendo fin a 12 años de litigios y confirmando una indemnización sin precedentes.Aunque el caso Nevada ha concluido en el ámbito contencioso con una indemnización de 165,6 millones, a

Tomás Olivo le ha costado en la vía penal una condena de 15 meses de cárcel por delito urbanístico, porque el centro comercial Nevada ocupaba zonas verdes. Además, el promotor suma otra condena de siete meses por maltrato machista, por hechos ocurridos en mayo y junio de 2005 cuando, según la sentencia, en una ocasión se sentó en el capó del coche que conducía la que había sido su pareja y se echó sobre el parabrisas para obstaculizarle el paso y un mes después le propinó varias bofetadas y la agarró del pelo en presencia de la hija de ambos.

Su socimi, de la que tiene el 99,5%, obtuvo en 2017 beneficios de 103 millones

Estos son los dos únicos reveses judiciales que ha tenido que encajar, después de que fuese acusado y absuelto primero de fraude fiscal y posteriormente de cohecho en el caso Malaya. La Fiscalía Anticorrupción le pedía cinco años de cárcel y le acusaba de haber pagado 2,4 millones en sobornos a Juan Antonio Roca, cerebro de la corrupción político urbanística de Marbella, de los que 600.000 supuestamente tenían la finalidad conseguir nueve licencias de obra para ampliar el centro comercial La Cañada, en Marbella, origen del imperio que años después lo ha catapultado hasta la lista Forbes.

Por el momento solo le queda un fleco pendiente, precisamente relacionado con La Cañada. Tiene que volver a sentarse en el banquillo para ser juzgado por cohecho, fraude y delitos urbanísticos, por los que se enfrenta esta vez a 18 años de prisión. Anticorrupción sostiene en esta causa que Olivo y Roca ocultaron en 1994 un soborno tras un contrato de opción de compra de unos suelos sin valor en Mazarrón (Murcia). El promotor supuestamente pagó 1,6 millones de euros al entonces poderosísimo gerente de Urbanismo de Marbella, aunque nunca ejecutó la opción de compra. Posteriormente, firmó tres convenios urbanísticos a través de los que el Ayuntamiento puso en sus manos suelos municipales. Esos son los terrenos en los que se levantó el centro comercial La Cañada.

En noviembre pasado pagó 45 millones por un centro comercial en las Islas Canarias

Para comprender esta génesis hay que tener en cuenta que era la segunda mitad de los años 90. Gil no sólo había revalidado la mayoría absoluta de Marbella, sino que estaba a punto de expandir el gilismo, aquel cóctel que no sólo contenía populismo político, ambición personal y gustos zafios como se pensaba al principio, sino también corrupción, como se demostró después en los juzgados. En las municipales de 1999 presentó candidatura en 13 localidades de la Costa del Sol, Campo de Gilbraltar, Ceuta y Melilla. Obtuvo 87.700 votos, 93 concejales y cinco diputados provinciales que le dieron no solo las alcaldías de Marbella y Estepona, sino también las de Manilva, Casares, La Línea de la Concepción, San Roque o la presidencia de Ceuta.

En ese escenario, Olivo era un hombre con buenos contactos. Conocía tanto a Jesús Gil como a Juan Antonio Roca desde los años 70. Para el primero había realizado obras en los Ángeles de San Rafael (Segovia) y el segundo había sido su empleado en 1978 en Murcia, según declaró en el caso Malaya. Sin embargo, ha sido el único de los promotores vinculados a la Marbella del gilismo que ha sobrevivido. Durante los últimos años ha visto arruinarse y desaparecer a muchos de sus compañeros de banquillo: desde el granadino José Ávila Rojas, al cordobés Rafael Gómez Sandokán, pasando por el malagueño Jesús Ruiz, de Aifos. Sin embargo, no sólo no se ha podido probar hasta ahora que haya tenido contactos con la corrupción en la Costa del Sol, sino que ha salido reforzado. El valor actual de su socimi en el Mercado Alternativo Bursátil alcanza en este momento los 2.800 millones. Afirman quienes conocen sus actuales movimientos que sigue fiel a su perfil empresarial de siempre y que sigue siendo un promotor con muy buenos contactos.

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