Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona, pesando además el planteamiento de los pozos negros detectados en el entorno, han mostrado este martes el "desamparo" que sienten ante los poderes, considerando que los mismos "están jugando" con ellos "al desgaste" pese a que se trata de un asunto de salud.

La portavoz del colectivo, Rogelia Gómez, ha valorado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya declarado firme su sentencia en la que estima uno de los planteamientos de la demanda contencioso administrativa de los afectados, ordenando al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos", ordenando al Ayuntamiento la citada medida; pero sin acceder a ordenar el plan de "realojo" pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia indemnizatoria, extremo que el colectivo decidió recurrir.

Sobre esta sentencia ha trascendido un escrito emitido el pasado 12 de marzo por la representación del Ayuntamiento en dicho litigio, exponiendo que el pasado 27 de febrero le fue notificado un decreto de fecha 26 de febrero en el que se "declara la firmeza de la sentencia y se interesa" que el Consistorio "acuse recibo de la comunicación e indique cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia, advirtiéndose del plazo de dos meses para cumplimiento de la sentencia".

En dicho escrito, en ese sentido, la representación legal del Consistorio acusa recibo del mencionado decreto que declara la firmeza de la sentencia y precisa que "el órgano encargado de la ejecución" de la misma "se realizará mediante la figura del alcalde", el andalucista Modesto González, investigado en la causa que sigue por la vertiente penal del asunto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río.

Ejecutar la sentencia

En este marco, la portavoz del colectivo, Rogelia Gómez, ha manifestado que el primer edil debe materializar la reactivación del expediente municipal de declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados, un proceso independiente del expediente incoado por la Junta de Andalucía sobre el procedimiento emprendido por la empresa de la gasolinera para la recuperación voluntaria de los suelos afectados por la contaminación, para descontaminar los mismos.

Al respecto, ha avisado de que en caso de no ejecutar la mencionada sentencia, el primer edil "incurriría en una responsabilidad penal".

También en el plano judicial, Rogelia Gómez ha recordado que en noviembre de 2022, el juzgado instructor de la investigación penal acordó solicitar un informe pericial, aún pendiente, "a fin de concretar la ubicación de los pozos negros y si las labores de mantenimiento de dichos pozos negros o falta o déficit en las mismas fuera causante junto con la gasolinera de la contaminación objeto del presente procedimiento". Así, ha lamentado que este aspecto del asunto siga aún "sin respuesta".

Tampoco habría novedades del estudio "más exhaustivo" anunciado en marzo de 2023 por la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para que su departamento y la Consejería de Política Industrial y Energía abordasen un nuevo análisis sobre la situación de la barriada Guadalquivir.

Y es que un informe de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaba "un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales"; así como "un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas" con "grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir" y un "riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria"."AFECCIÓN A LA SALUD"

Además, el informe señalaba que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas "bajas concentraciones" de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, "con características toxicológicas importantes", señalando que median documentos que "acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir".

Pesa de otro lado un informe emitido al respecto por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, con base en las "138 personas" de la barriada Guadalquivir de Coria incluidas en un estudio epidemiológico tras acudir a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017, a cuenta de este asunto.

Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta indicaba en su informe que en el 79 por ciento de estos casos no consta "atención en consulta posterior a 2018", asegurando que no hay "conclusiones claras desde un punto de vista clínico, acerca del impacto en términos de patología crónica, ni de riesgo a medio o largo plazo, de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio".

Pero frente a ello, Rogelia Gómez ha manifestado que lo cierto es que los últimos días, "no se puede respirar dentro" de las viviendas de la barriada Guadalquivir. "Seguimos con la misma contaminación desde hace 30 años", ha enfatizado, aseverando que estos vecinos se sienten "desamparados" por los poderes y administraciones. "Están jugando al desgaste con nosotros", ha lamentado, avisando de que las autoridades no están solucionando este "problema de salud" y de que los afectados se preguntan cómo "es tan grande" el asunto como para que "nadie" de los poderes se decida a "tomar cartas en el asunto" para resolver de una vez la situación.