Un total de 22.781 jóvenes cobran en Andalucía la Renta Básica de Emancipación (RBE), una ayuda al alquiler de 210 euros mensuales destinada a personas de entre 22 y 30 años. Esta cifra supone poco más de un tercio de los beneficiarios previstos al idearse este programa estrella para fomentar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda. En diciembre de 2007, la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, y la ex consejera de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, firmaron en Sevilla el convenio para la gestión conjunta de la Renta Básica de Emancipación que hacía sólo un mes había aprobado el Gobierno.

Entonces según las previsiones del Ministerio, unos 63.000 jóvenes andaluces se podrían beneficiar de estas ayudas durante el primer año de vigencia de la medida, 2008. La propia consejera andaluza de Obras Públicas -donde residían las competencias de Vivienda antes de ser segregadas en un departamento único, que el martes pasado volvieron a su ubicación original en la nueva remodelación del Gobierno de Griñán- estimó que unos 30.000 jóvenes se beneficiarían de las ayudas en el primer mes.

Dos años después, los datos aportados ayer por el Ministerio de Vivienda al cierre de 2009 aportaron que, de los 196.898 jóvenes que perciben esta ayuda en España, Andalucía se sitúa en tercer lugar en mayor número de beneficiarios, tras Cataluña (36.400 perceptores) y Madrid (30.990).

Desde el primer momento se registró un desfase en la aplicación de la medida. La comunidad autónoma tramita las solicitudes y reconoce el derecho a la recibir la prestación. El Ministerio de Vivienda, por su parte, es quien abona directamente las ayudas a los beneficiarios. Surgieron críticas en cuanto a los retrasos en la recepción bancaria del dinero.

De hecho en la comunidad andaluza, las solicitudes para percibir la Renta Básica de Emancipación ascienden a 44.653 jóvenes desde su creación, de las cuales, se han resuelto 38.849. De ellas, 30.304 son resoluciones positivas que han sido enviadas al Ministerio. Unas 7.000 aprobadas por la Junta están a la espera por lo tanto de la orden de pago del Gobierno.

Con respecto a las resoluciones rechazadas (un total de 7.407), casi 3.700 lo fueron porque el solicitante no acreditó el pago del alquiler; otras 2.165 porque incumplió con Hacienda o la Seguridad Social y otras 1.551 fueron anuladas por la Junta.

Por provincias, Sevilla lidera el ránking por número de jóvenes que ya perciben la ayuda, un total de 5.573 (entre 7.531 solicitudes resueltas y enviadas al Ministerio), seguida de Málaga, con 3.826 beneficiarios, y de Granada y Cádiz, con 3.009 y 3.002, respectivamente. En Córdoba perciben los 210 euros 2.074 jóvenes; en Almería 2.042; en Jaén 1975 y en Huelva, 1.280.

El departamento dirigido por Beatriz Corredor ha ordenado pagos a los beneficiarios a nivel nacional un importe de 490,9 millones de euros desde la entrada en vigor de esta ayuda, de los cuales 480,4 millones corresponden a pagos de mensualidades y avales y 10,59 millones a préstamos para la fianza.

El impacto de la crisis económica -aumento del desempleo y merma de los ingresos- ha estancado la iniciativa de un buen número de jóvenes de independizarse. Según los datos del Observatorio Joven de vivienda en España (Objovi), un órgano estadístico que realiza análisis para el Consejo de la Juventud de España, Andalucía sigue registrando una de las tasas más bajas de emancipación residencial.

Tanto en una modalidad de tenencia como en otra, el acceso a una vivienda libre supera ampliamente las posibilidades económicas de la población joven: el importe inicial de una hipoteca media se llevaría el 57,2% del salario de una persona joven y una renta media de alquiler, el 47,2% de su salario. La recién aprobada Ley andaluza de Vivienda establece que el alquiler no puede superar el 25% del salario.

El principal obstáculo para que los jóvenes logren la autonomía residencial en Andalucía es de índole laboral. Así, la actual tasa de paro supera el 30% (31,2%). Además, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con una mayor extensión de la temporalidad entre la población joven asalariada, apunta el Objovi.