Los colegios concertados de Andalucía recaudan anualmente 37,7 millones de euros en cuotas que cobran a las familias de sus alumnos. Esta cifra aumenta hasta los 42,2 millones cuando a estas cuotas se le añade el comedor escolar.

Estas contribuciones que la mayoría de los centros concertados notifican como voluntarias están prohibidas en España por ley desde que se implantó el modelo de educación concertada en 1985 y la ley de Educación actual, la Lomloe, lo reitera. Sin embargo, el 60% de las familias andaluzas abonan estas cuotas a sus centros.

Así lo refleja el estudio El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol y en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del Instituto Nacional de Estadística (INE): la Encuesta de Gastos de los Hogares en Educación y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada, que recogen datos de las familias y de los colegios, respectivamente.

"A día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada. Además, la concertada, en comparación con la pública, escolariza en una proporción mucho menor a menores de renta baja y origen migrante, lo cual daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales", señalan los autores del informe, Lucas Gortazar y Ángel Martínez, de EsadeEcPol, y Xavier Bonal, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En España, el 67% de los estudiantes de 3 a 16 años acuden a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada (los llamados centros concertados) y sólo un 4% acude a centros privados autofinanciados.

"El fenómeno de las cuotas ha sido ampliamente discutido en el debate público en las últimas décadas, dominando las posiciones extremas: de un lado se sugiere que la concertada debería desaparecer, asumiendo su alumnado los centros puramente públicos o privados, y de otro se reclama más dinero para el sector sin contrapartidas amparándose en la libertad educativa", explica el informe.

Más de 450 euros de media por menor

Un alumno con rotuladores y demás material escolar.

En Andalucía, las familias pagan de media 453 euros al año por hijo, una cifra muy inferior a la media nacional. EsadeEcPol hace hincapié en el hecho de que estos colegios andaluces, especialmente en las etapas de Segundo Ciclo de Educación Infantil y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), están relativamente mal financiados en comparación con el de otras comunidades autónomas.

Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones españolas con más peso en el sector de la educación concertada por número de centros y alumnos.

A nivel nacional, los colegios concertados cobran cuotas a más del 85% de sus estudiantes, 1,5 millones de niños, por un importe total de cerca de 1.000 millones de euros al año (947,7 millones  por cuotas sin comedor y 1.186,7 millones con comedor). Cerca de la mitad de los centros lo hacen pese a recibir una financiación suficiente por parte de las administraciones.

El informe considera cuotas los pagos realizados por las familias por la matrícula, las clases lectivas y las actividades complementarias realizadas dentro del horario escolar. Estos conceptos suman casi mil millones de euros en España y 37,7 millones en el caso concreto de Andalucía. Cataluña es la comunidad que más se embolsa (378,5 millones), seguida de la Comunidad de Madrid (210 millones de euros).

Dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado español paga esta contribución ilegal. La cuota media se encuentra entre los 680 euros y los 860 euros al año por alumno (incluyendo a las familias que no pagan nada). Además, existen importantes diferencias de pago por renta de las familias: el 20% de las rentas más baja paga una media de 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.

Si se realiza un análisis por comunidades, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas. En Andalucía, este porcentaje es del 60%.

El abono medio por alumno al año es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en la Comunidad de Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía.

"Andalucía se caracteriza por una financiación baja respecto a la media nacional, unos gastos no concertados razonablemente contenidos en la mayor parte de la distribución de financiación y, sobre todo, el nivel más bajo de cuotas de entre todas las comunidades autónomas consideradas", cita el informe de EsadeEcPol.

De todas las analizadas, Andalucía es la comunidad con un menor porcentaje de centros que cobran cuotas a sus alumnos (30% frente al 94% de Cataluña), aunque con diferencias significativas según el resultado económico del centro. En el caso de los colegios peor financiados, sólo el 20% cobran a sus estudiantes una cuota; mientras que los centros con un mayor resultado económico o incluso sobrefinanciación este porcentaje es del 53% (61% en la etapa de Infantil, 42% en Primaria y 57% en Secundaria). 

Cuanto mejor sea la financiación, más cobran

"Los centros andaluces peor financiados apenas cobran cuotas para compensar este resultado económico tan negativo. En los centros andaluces que están en la parte intermedia de la distribución de financiación, su resultado económico antes de cuotas y gastos no concertados logra cubrir sus gastos no concertados en todas las etapas, aunque por una diferencia menor en muchos casos. Y, por último, los centros mejor financiados, que representan apenas un sexto de todos los centros concertados en Andalucía, presentan una realidad económica radicalmente diferente, con niveles de sobrefinanciación superiores a los 1.000 euros por alumno en todos los casos, que cubren sobradamente sus abultados gastos no concertados. Pese a estar en una situación económica holgada, alrededor del 60% de estos centros cobran cuotas, si bien son de una magnitud comparativamente pequeña respecto a la media nacional", apuntan los autores del informe.

Hay diferentes razones o situaciones por las que, según concluye el estudio, los colegios concertados cobran cuotas: centros infra-financiados que cobran una cuota a sus alumnos para sobrevivir, centros adecuadamente financiados que la cobran para hacer frente a gastos no concertados (partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados) y centros bien financiados que lo hacen por diferenciación o beneficio económico.

"El sistema actual ha llegado a un equilibrio muy estable, donde los incentivos para cambiar la situación son escasos para la mayoría de los actores implicados. Esto se debe, en buena medida, a la baja inversión pública en educación que hay en España: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público de las administraciones educativas (entre otras cosas, por sus menores costes salariales por alumno y porque son centros más grandes), facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector concertado", reconocen los autores del informe, Lucas Gortazar, Ángel Martínez y Xavier Bonal. 

Estos afirman que, a pesar de que la calidad de las escuelas concertadas es semejante a la de las públicas cuando se comparan dos centros con las mismas características del alumnado, las condiciones de acceso son muy distintas: los centros concertados escolarizan un alumnado con un nivel socioeconómico más alto y matriculan en muy menor medida alumnado inmigrante. Esto contribuye a un aumento de la segregación escolar en España.