La Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDAE) tiene la llave de la nueva puerta que el Ejecutivo andaluz ha decidido abrir para dar entrada a proyectos empresariales de interés estratégico para la comunidad. Se trata, con ello, de instaurar un nuevo marco que dé mayor fluidez al establecimiento y puesta en marcha de iniciativas empresariales con capacidad de generar riqueza, innovación y empleo.

La idea brota de la Consejería de Economía. Ya tiene rango de decreto ley. Fue aprobado en el último Consejo de Gobierno del año 2010, celebrado el pasado martes, con una prioridad clara: la instauración de medidas que hagan posible la "simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas". La norma recoge como grandes novedades la "reducción a la mitad" de los trámites administrativos en "grandes proyectos de interés estratégicos y el establecimiento de fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin esperar la autorización de la Administración".

En la génesis del decreto ley, el departamento que dirige Antonio Ávila sitúa el punto de partida en una reflexión sobre la estructura empresarial de Andalucía, con un déficit de compañías de tamaño mediano. Es un escenario en el que predominan sobre todo las microempresas (0-9 trabajadores) y existe una reducida presencia relativa de las medianas (10 a 200 empleados). En concreto, la comunidad tiene el 94,3% de su tejido empresarial concentrado en firmas de menos de diez trabajadores. Tan sólo un 8% cuenta con plantillas de entre 10 y 200 trabajadores.

En la filosofía del nuevo decreto ley se hace por ello hincapié en que la dimensión empresarial es un "factor estratégico" en la dinámica económica actual, primero porque son estas empresas más dimensionadas las que generan más "efectos arrastre" en el conjunto del sistema económico, "mejorando las cadenas de valor añadido"; y segundo, y desde una perspectiva de competitividad internacional, son las que mejores condiciones reúnen para abordar el proceso de globalización de la economía. No se olvida la nueva norma de profundizar en medidas dirigidas a "hacer más fácil" la creación de pequeñas empresas, con mención especial a las que son impulsadas por "emprendedores autónomos", un sector muy perjudicado por la crisis.

Será, pues, esa Comisión Delegada para Asuntos Económicos la que dirija el procedimiento para la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía. Antes, la Comisión de Política Económica, órgano de apoyo de la CDAE, será la encargada de estudiar cada proyecto, verificar el cumplimiento de requisitos y elevar la propuesta de declaración a la CDAE, que dará luz verde o no.

Los proyectos de inversión que opten a esa consideración de "interés estratégico" deberán encuadrarse en las categorías ya dispuestas en el decreto ley: industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema productivo; nuevas actividades económicas con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico; inversiones que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano; proyectos con implantación de nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en reconversión, y proyectos que impliquen una aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más desfavorecidas.

Obtener de la Administración ese visto bueno y, por lo tanto, esa etiqueta de proyecto con "interés autonómico" -además de estratégico- reportará a los emprendedores escogidos beneficiarse den una "tramitación preferente" en sus expedientes: se reducirán a la mitad los plazos ordinarios y se aplicará la tramitación de urgencia, al tiempo que se impondrá "a los órganos competentes la obligación de obtener la resolución final en la mitad de tiempo que si se tratara de un procedimiento ordinario".

Además, el decreto ley otorga una especial atención a la "alteración del planeamiento territorial o urbanístico" que, en no pocas ocasiones, requieren los proyectos de gran envergadura. En este caso, la norma comprende que "las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía podrán ser declaradas de interés autonómico por el Consejo de Gobierno".

Ese "interés autonómico" conllevaría efectos como la posible declaración de utilidad pública y, por ello, la necesidad de "urgente ocupación" en un proceso de expropiación forzosa del territorio; la legitimación para la "inmediata ejecución" del proyecto con la concesión de las licencias pertinentes; la modificación de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, con la incorporación a los planeamientos municipales afectados de las determinaciones ordenadas en la declaración de interés autonómico, y la reducción a la mitad de los plazos para otorgar licencias para la ejecución, apertura o funcionamiento de obras e instalaciones comprendidas en el proyecto.