"Ni un solo céntimo". Los dirigentes de UGT y CCOO en Andalucía, Francisco Fernández y Francisco Carbonero, reaccionaron este viernes, no sin indignación, para negar que ambos sindicatos se hayan financiado de manera irregular por su mediación en los ERE de la Junta fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. Fernández y Carbonero ven detrás de esas acusaciones la mano del PP, al que acusan de llevar a cabo una estrategia centrada en el desprestigio de ambas centrales sindicales. "Más decencia y más vergüenza", demandó el dirigente de CCOO a los populares, después de que éstos hayan reclamado a las dos organizaciones una auditoría externa. Para Carbonero, es el PP el que "tiene que dar ejemplo si quieren transparencia y den su contabilidad a quien se las tengan que dar".

En una rueda de prensa conjunta en la que ni Fernández ni Carbonero ocultaron su enfado, ambos secretarios generales dijero mostrar su respeto por el auto de la juez en el que ésta afirma que los dos sindicatos encontraron "durante una década" en esta comunidad "una forma de financiación irregular". Y aún más: que UGT y CCOO habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".

La lectura que Carbonero hace de este auto es que éste "no demuestra para nada que los sindicatos se hayan financiado de forma ilegal". El secretario general de CCOO, que aseguró que su sindicato "nunca ha ingresado un euro de facturación a los ERE, ni de comisiones ni de no comisiones", no dudó en afirmar que "si negociar y conseguir y conseguir mejoras para los trabajadores es calificado por algunos como ser conseguidores, nosotros no vamos a renunciar a ello nunca".

Por su parte, el secretario general de UGT proclamó que "nuestras cuentas están transparentes en lo interno y en lo externo para quien las necesite y cuando las necesite". Fernández subrayó que la central "está en su derecho" de cobrar cuando participa en la tramitación de un expediente de regulación de empleo, puesto que realiza unos estudios que "hay que cobrar, porque no somos hermanitas de la caridad".

El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, echó un capote a los sindicatos, al arremeter contra el PP por reclamar auditorías a CCOO y UGT. Con lo que [el PP] tiene en sus cuentas es una tomadura de pelo" lo que pide a los sindicatos, a los que elogió por ser "una pieza fundamental en la defensa de los trabajadores".

Desde Santander, los dirigentes nacionales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, denunciaron que contra ambos sindicatos ya se ha dictado una "sentencia anticipada". Ambos coincidieron en reclamar una mayor agilización del proceso judicial para acabar con la "indefensión" en la que, a su juicio, se encuentran ahora ambos sindicatos.

Méndez insistió en que las centrales "no son mediadores ni conseguidores" y aseguró que en las presentaciones de los ERE es "donde con mayor dedicación empleamos la fuerza de la organización". Toxo abundó en que tiene la seguridad de que si ha habido una trama "los sindicatos no son parte de ella".