El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha rechazado la celebración de un referéndum entre los vecinos para decidir el paso del Metro por el centro de la localidad, aunque la consulta, por los tiempos en los que se produciría y el estado avanzado del proyecto, además de por el tipo de construcción que supera el ámbito municipal, no hubiera tenido efectos jurídicos ni vinculantes.

De esta forma prosigue adelante sin obstáculos el desarrollo del proyecto y la redacción del proyecto de obras que deberá derivar en el inicio de la construcción del tramo de la extensión Sur del Metro hacia esta localidad y Las Gabias.

Los votos negativos a la celebración del referéndum fueron del equipo de gobierno mas un concejal no adscrito, mientras que los partidos de la oposición votaron a favor de este en el Pleno extraordinario convocado para ayer.

El origen de la polémica se encuentra en la decisión de la Junta de Andalucía, atendiendo a criterios técnicos, de hacer discurrir el tranvía por superficie por la principal arteria de la población, lab, lo que afectaría durante las obras a los comerciantes de la zona.

Temiendo retrasos y paralizaciones en las obras, algunos vecinos se reunieron bajo una asociación en la que pidieron que se paralizara el proyecto y buscar una alternativa de trazado, la cual iría en paralelo a la Base Aérea de Armilla, pero que la Junta rechazó al no ser la más viable económicamente (reduciría en más de la mitad el público objetivo que tendría la infraestructura).

Este es uno de los motivos esgrimidos por el gobierno de Churriana, de voz de su alcalde Antonio Narváez (PP), que además explicó durante el pleno los beneficios del paso del Metro, que allá por donde circula, se ha producido un incremento de la población, de la riqueza, y se han revalorizado terrenos, locales y viviendas.

Además, las obras, al ser en superficie, son menos perniciosas y corren menos riesgo de paralización aunque esta obra, al estar sujeta a los fondos europeos de recuperación Next Generation, tiene la financiación asegurada porque las obras deben estar acabadas en un periodo de tiempo concreto y cercano. El regidor recordó que en Armilla, Maracena o Albolote en "seis meses" estuvieron acabadas.

Lo que estudiarán el Ayuntamiento y las personas afectadas será el impacto económico que tengan las obras, aunque no se podrán cuantificar hasta que estas no terminen.