La Guardia Civil ha detenido a un empresario y a su esposa en la Costa de Granada como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de desobediencia a la autoridad después de mantener abierta su empresa de alimentación a pesar de haber sido obligados a cerrarla tras detectarse dos casos de intoxicación en sus productos.

El matrimonio hizo caso omiso de la suspensión cautelar de la actividad de su empresa ordenado por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y siguió vendiendo sus productos a pesar de que estos podían suponer un riesgo extraordinario e inminente para la salud pública, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

En el relato de los hechos, el Instituto Armado explica que el empresario detenido se dedica a la elaboración de productos de pesca y uno de sus productos, unos boquerones en vinagre, provocaron una alerta sanitaria al detectarse dos casos de intoxicación por anisakis en Sevilla y Jaén en mayo que afectaron a cuatro personas. La empresa los había distribuido por Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla y León.

Los inspectores del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada inspeccionaron la empresa y, a la vista de las irregularidades detectadas, fue clausurada de forma cautelar el pasado 5 de mayo por considerar que el mantenimiento de la actividad podía suponer un riesgo extraordinario e inminente para la salud pública.

Dos meses después, el pasado 7 de julio, los técnicos veterinarios del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril solicitaron el auxilio del Seprona de la Guardia Civil para inspeccionar nuevamente esta empresa, porque habían sabido que había seguido funcionando a pesar de la suspensión cautelar que pesaba sobre ella.

El equipo de Policía Judicial Medioambiental de la Guardia Civil de Granada y la Patrulla del  Seprona de Motril acudieron junto con los inspectores del Distrito Sanitario Granada Sur de Motril e inspeccionaron la empresa, donde comprobaron que estaba funcionando de manera clandestina.

Además, descubrieron que el detenido, presuntamente, había ignorado la suspensión cautelar y desde el día siguiente al de la clausura habían seguido facturando productos. La Guardia Civil se incautó del ordenador de la empresa y los agentes han contado hasta 114 facturas expedidas, aunque en ellas aparecía el nombre de la mujer del empresario y no el de este, aunque el etiquetado del producto seguía siendo el mismo.

Durante la inspección se inmovilizaron 1.327 kilos de producto: boquerones, boquerones en vinagre, camarones, sardinas, rejos, calamar, pulpo y pulpo seco, por "riesgo inminente y extraordinario para la salud de las personas".