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Costa de Granada: IU-Equo reclama una política fiscal más progresiva y justa

  • Han planteado medidas para bonificar en determinadas circunstancias la aplicación del IBI, del Impuesto deActividades Económicas y de la Tasa de apertura de establecimientos

Costa de Granada: IU-Equo reclama una política fiscal más progresiva y justa

Costa de Granada: IU-Equo reclama una política fiscal más progresiva y justa / G. H.

Izquierda Unida solicita que realice una política fiscal más progesiva y justa en el Ayuntamiento de Motril, después de que el Gobierno local rechazase en el pasado Pleno, establecer un recargo del 50% en el IBI para los inmuebles que se encuentren desocupados de forma permanente y que sus titulares sean grandes tenedores -más de 10 inmuebles urbanos sin contar garajes y locales-.

Entre las medidas que solicitan se encuentra la bonificación con un 90% a las viviendas en las que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo y,  ampliar la bonificación al 90% del Impuesto a Inmuebles de uso residencial que sean viviendas habituales con valorar catastral menor a los 62 mil euros.

Y señalan que a pesar de que el informe de los servicios técnicos determinan el "carácter potestativo" de las bonificaciones, se rechazan todas las propuestas presentadas por la oposición, aduciendo, entre otros motivos, la repercusión económica en la minoración de ingresos y las dificultades, en otros casos, de determinar el censo de potenciales afectados por la aplicación de las medidas.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Motril, Inma Omiste,  señala que "el gobierno de García Chamorro desprecia medidas para reducir la carga fiscal de los vecinos y vecinas que suponen una mayoría social", y denuncia la "impostura del gobierno de derechas", que no deja de anunciar bajadas generalizadas de impuestos cuando está en la oposición y, a la hora de la verdad, cuando gobierna, sólo se reducen impuestos a los más ricos y a las grandes empresas en detrimento de las familias trabajadoras, del pequeño comercio ––que seguirá teniendo que pagar cuotas desproporcionadas en relación con lo que pagarán los grandes establecimientos comerciales–– y, en definitiva, del interés general.

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