La plantilla de los trabadores municipales de Motril anuncian nuevas movilizaciones por el incumplimiento de los acuerdos adoptados hace algunos meses para la mejora del funcionamiento municipal con la plantilla de personal. El pasado mes de marzo los trabajadores anunciaron el inicio de una huelga, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, tras un año de negociaciones infructuosas, en las que trabajan por recuperar una serie de derechos que permanecían en 'stanby' por un Plan de Ajuste, con propuestas que no terminaban de materializarse y sin garantía de cumplimiento, pero tras varias negociaciones, casi ''in extremis'', llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento en materia de persona. 

Algunos de los acuerdos a los que habían llegado se contemplarían con la llegada de los nuevos presupuestos municipales, sin embargo, tras el reciente anuncio por parte del Gobierno municipal de las cuestas para el próximo 2024, las secciones sindicales que representan a los trabajadores y trabajadoras municipales denuncian una "actitud dictatorial" por parte del equipo municipal. 

La Junta de Personal, Comité de Empresa y Secciones Sindicales deUGT, CCOO, CGT, Tal y Tal, Siplg, denuncian que el acuerdo firmado en marzo en el que se fijaba el procedimiento para la mejora de los servicios públicos y la organización de la plantilla con criterios de igualad, mérito y capacidad han sido incumplidos sistemáticamente. Frente a esto, "el equipo de gobierno municipal ha seguido una política dictatorial en el que se ha negado a la negociación de los presupuestos municipales donde deben incluirse los acuerdos pactados".

Como ejemplo ponen el caso del reglamento de carrera profesional, destinado a acabar con el "enchufismo"y la "discrecionalidad" en la definición de las responsabilidades entre los trabajadores públicos, o el documento de valoración de puestos de trabajo, cuya finalidad es dotar de una organización moderna y eficaz a la administración pública.

Además, denuncian la privatización de los servicios públicos y el incremento de costes que esta política tiene, cuya principal consecuencia es el incremento de los impuestos municipales que pagan todos losciudadanos.

En relación al servicio de limpieza, hace escasos días el Ayuntamiento anunciaba el "aumento sustancial" de la partida presupuestaria en dicho servicio, con un aumento de más de dos millones de euros para dotar a la ciudad de los medios suficientes para tener una actuación donde la limpieza se adapte a las necesidades de la ciudad. Sin embargo, los sindicatos inciden en la pérdida de 14 efectivos este año por jubilación y otras causas que no van a ser cubiertos, y remarcan el anuncio de subida de la tasa municipal de recogida de residuos que "pagaran especialmente los pequeños comercios motrileños".

Por otra parte, resaltan que esta situación afecta a multitud de servicios municipales como mantenimiento, cultura, deportes, Policía Local, bomberos o personal administrativo, lo que "se traduce en el mal funcionamiento general de la administración que solo se compensa por la implicación de los trabajadores municipales".

Una situación que, a juicio de los trabajadores, contrasta con las "abusivas subidas de sueldo que se autoaprobaron los responsables políticos municipales, encabezados por la alcaldesa de nuestra ciudad, que supera los 72.000 euros anuales y los tenientes de alcalde, con subidas salariales del 30% hasta alcanzar los 59.000 euros".

Motivo por el que exigen al equipo de gobierno que cumpla los acuerdos pactados, incluya en el presupuesto municipal una oferta pública de empleo acorde con las necesidades del municipio y dote a los servicios municipales de los medios personales y materiales necesarios para dar solución a los problemas de los ciudadanos.

En 2012 el Ayuntamiento de Motril inició un Plan de Ajuste "para equilibrar el presupuesto y mantener los servicios públicos" con una vigencia de diez años y que estaba estructurado bajo las premisas de no realizar una subida indiscriminada de los impuestos y no realizar despido del personal. Entre las medidas para reducir los gastos se encontraban la supresión de complementos salariales y determinadas ayudas sociales, no se cubrirían las plazas vacantes por incapacidad temporal, jubilaciones y bajas temporales, se amortizarían las vacantes y se ampliará la jornada laboral a 37,5 horas semanales, erradicando así las horas extras, entre otras medidas.

En 2018 todas las partes implicadas llegaron a un acuerdo en SERCLA, y en junio de 2022 se retomaron las negociaciones, pero tras un año de intentos infructuosos, anunciaron el inicio de una huelga indefinida a pocos días del comienzo de la Semana Santa. Tras nuevas negociaciones, desconvocaron la huelga como un acto de buena fe y a la espera de los nuevos presupuestos, donde se verían reflejadas algunas de las reivindicaciones.