La mayoría de los municipios de la Costa de Granada aún se encuentran a la espera de conocer la letra pequeña de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que fue aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de noviembre, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el viernes, para saber los beneficios que les va a ocasionar esta nueva legislación, después de estar mucho tiempo mirando con desesperación los largos trámites administrativos que tenían que realizar para poder materializar algunos de sus grandes proyectos urbanísticos. Aunque la práctica totalidad de los municipios consideran que es un instrumento muy positivo para poder sacar adelante nuevos proyectos, al acortar principalmente, el tiempo de tramitación y facilitarla.

Se trata de unos proyectos que, en muchas ocasiones tenían que pasar por cerca de medio centenar de trámites que largaban en el tiempo la posibilidad de convertirlos en realidad, lo que motivaba que muchos de ellos al final se quedaran olvidados bajo montañas de expedientes o los distintos interesados perdiesen el interés tras años de espera.

Y que permitirá luchar contra la despoblación que sufren muchos municipios, sobre todo de interior, al simplificar los trámites y diferenciar solo entre suelo rústico y urbano, y permitir la construcción, en el caso del primero, siempre y cuando la construcción tenga varios usos y no afecte a una zona protegida. Hasta ahora no se podía construir en el suelo considerado como rústico, lo que desfavorecía a todas aquellas personas que habían decidido instalarse a vivir en sus fincas en mitad del campo, consideradas irregulares, con la consiguiente inseguridad jurídica que eso acarreaba. Situación que podría beneficiar a Motril, ya que se podrían regularizar y ordenar el centenar de viviendas construidas de forma irregular años atrás en el municipio, entre las que se encuentran algunas zonas, ya muy pobladas, en el extrarradio y donde proliferan viviendas de segunda ocupación o cortijos.

Con su puesta en funcionamiento, posiblemente otro de los grandes beneficiados sea el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, que estaba a la espera de la aprobación de esta nueva ley para comenzar la tramitación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para desarrollar nuevas zonas residenciales, pero sobre todo turísticas, en diferentes puntos del municipio. Algo por lo que llevan años luchando y que, con la aprobación de la nueva orden podrán desarrollar en un corto espacio de tiempo.

El alcalde del municipio, Plácido Lara, explicó que facilitará la redacción de un PGOU propio, el cual esperan que esté en funcionamiento a principios del 2023 y con el que "se cogerá la zona del ferial y el TOR-3 hasta la Rambla Puntalón y se convertirá todo en suelo urbano", una ampliación que será para construir nuevas viviendas y varios hoteles. "La idea es incorporar un suelo hotelero en primera línea de playa". Y que les beneficiará también para la ampliación de suelo urbanizable, así como la construcción de otro complejo hotelero ubicado en la zona de la Cañada de los Vargas.

De igual forma, el PGOU de Almuñécar, que se encuentra en la actualidad en proceso de tramitación, podría beneficiarse al acortarse los plazos legales establecidos para su regulación. La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, indicó que "ahora mismo estamos con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, entendemos que hay que seguir con el procedimiento y que hay un plazo de tres años para tener aprobado definitivamente el planteamiento".

Herrera añadió que, en una primera instancia y tras saber las primeras informaciones, esta nueva ley no afectaría a la aprobación del plan, salvo que "hay un plazo para concluir la revisión en tres años", aunque aseguró que deben esperar para seguir ampliando la información acerca de la nueva ley y asesorarse por los distintos técnicos de las delegaciones para que les den las instrucciones oportunas.

En el caso de Salobreña, la alcaldesa María Eugenia Rufino resaltó que tendrán que adaptar el PGOU de la Villa a la nueva norma publicada, la cual considera como "positiva", principalmente al acortar la tramitación que se precisa, y al darle más facilidades al ciudadano para poder realizar cualquier planeamiento urbano. Y añadió que, una queja que tienen generalizada los ayuntamientos y los inversores es que "a la hora de desarrollar un proyecto, si quieres invertir hoy y tienes la financiación, pero luego tienes que esperar en una tramitación urbanística un año entero, cuando te dan la licencia lo mismo no tienes el dinero".

Rufino aseguró que hay cierta preocupación con lo que pasará en el suelo no urbanizable, al extenderse la creencia de que "en el suelo no urbanizable se pueden hacer viviendas urbanas, y no se trata de eso", por lo que advierte que habrá que estar pendiente por que "eso sería imposible e iría en contra de la naturaleza del desarrollo urbano".

Otro de los municipios que se encuentra a la espera de conocer los pormenores de esta ley es Gualchos-Castell de Ferro, que cuenta con un Plan de Ordenación Urbana ya redactado y que, según la alcaldesa, Antonia Antequera, tendrán que adaptar a la nueva ley que le permitirá la redacción de algunos proyectos urbanísticos que antes no se permitían o la reducción de los tiempos de realización.

Tras su aprobación, y posterior publicación en el BOJA, la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, por lo que estará en pleno funcionamiento en los primeros días del año.