La corrupción tiene un papel protagonista en las horas previas a la inauguración del 65º Congreso de la FIFA, que tendrá que elegir presidente tras la detención de siete de sus dirigentes por sospechas de fraude masivo, blanqueo de dinero y organización mafiosa.

Cuando parecía que el debate entre los 209 miembros del Congreso iba a ser la continuidad de Joseph Blatter o su relevo por Ali bin Al-Hussein, los procedimientos de la Justicia estadounidense y de la suiza han cambiado el escenario y asestado otro golpe a la maltrecha credibilidad del organismo.

La entrada de agentes policiales al lujoso hotel alpino Baur au Lac hacia las seis de la mañana puso un prólogo de película a una maratoniana jornada en la que se oficializaron una investigación de la Fiscalía de Nueva York y un proceso penal en Suiza.

La primera, relacionada con la concesión de derechos a medios, mercadotecnia y patrocinio de competiciones organizadas en Estados Unidos y en América del Sur, ha llevado a las detenciones y al registro de la sede de la Concacaf en Miami por agentes del FBI.

Los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que contempla citar a numerosos testigos.

Entre los 47 cargos por el enriquecimiento ilícito durante 24 años, los beneficiarios habrían logrado "lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales". Según tres comisiones rogatorias de Estados Unidos se han bloqueado cuentas en varios bancos suizos.

La segunda es consecuencia de la denuncia de la propia FIFA por sospechas de gestión desleal y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Entre los detenidos están los vicepresidentes de la FIFA Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo y el presidente de la Federación Costarricense y funcionario de FIFA, Eduardo Li.