Sanchís responde con querellas

Manuel Sanchís, abogado del ex presidente del Granada CF Pedro Ruiz, cree que en la asamblea del pasado miércoles "se engañó a los socios" en el asunto de la sede de Recogidas y considera que "una tercería de mejor derecho (la aparición de Hacienda como postor) no suspende la ejecución". Es decir, que el Granada CF le sigue debiendo a su cliente la misma cantidad que antes de que se celebrara la subasta del piso. Sanchís anuncia denuncias a gogó, tanto a título personal como en nombre de Ruiz. Así, presentará una querella contra "los directivos que acordaron en junta ofrecer un bien a Hacienda a sabiendas de que estaba embargado y aquellos que firmaron con Hacienda el acuerdo de aplazamiento de la deuda". También anuncia una querella criminal contra José Miguel Martínez, vicepresidente de la entidad, por injurias. Además, ayer presentó en el Juzgado 9 una reclamación de los honorarios no cobrados por la defensa del club en el pleito de Los Cármenes, que asciende a 280.000 euros aproximadamente.

"Me han buscado y me han encontrado", afirma Sanchís, indignado por haber sido incluido en la querella del club contra los directivos que le reconocieron la deuda a Pedro Ruiz, y contra el propio Ruiz. El abogado cree que "debe ser un jurista y no una asamblea de socios de un club quien decida si ve indicios o no de responsabilidad penal, es absolutamente demencial". A juicio del letrado, "únicamente le di forma a un informe de un auditor que le había dado el visto bueno a una demanda, ¿eso es delito?". Es por eso que "ahora Martínez Galán tendrá que responder en los tribunales y ante el colegio de abogados por imputarme públicamente un delito de estafa. ¿Dónde está el lucro? Se ha permitido el lujo de acusarme y de darle publicidad".

La siguiente querella criminal que ya prepara Sanchís la interpondrá en nombre de Pedro Ruiz, quien piensa acusar al Granada CF de una presunta estafa a la Hacienda Pública. Según el abogado, los directivos que decidieron negociar con la institución pública el aplazamiento de la deuda del club incurrieron presuntamente en un delito de insolvencia punible (antes conocido como alzamiento de bienes), al entender que se ofreció como garantía de pago un bien que estaba embargado, con conocimiento de los propios directivos. Según Sanchís, "el club tiene obligación de reservar para mi cliente el dinero de las taquillas y la publicidad, que está embargado, y se lo están adjudicando ellos, eso es alzamiento de bienes".

El letrado también pone en duda la petición de nulidad de la subasta, cuya solicitud anunció el Granada CF en la asamblea. "¿Cuándo se ha visto que un acreedor tenga que depositar dinero alguno al acudir a una subasta. Le están tomando el pelo a la gente, faltan a la verdad de forma deliberada ".