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Crisis del coronovirus

Bruselas propone nacionalizar parcialmente empresas

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager. / E. L. / Efe

La Comisión Europea (CE) propondrá una ampliación de las normas temporales sobre ayudas de Estado que permitirá a los Estados miembros entrar en el capital de empresas especialmente golpeadas por la pandemia de Covid-19, aunque esta solución deberá ser empleada como "último recurso" y estará sujeta a una serie de condiciones.

Bruselas está preparando una nueva modificación del Marco Temporal de ayudas públicas que puso en marcha para abrir la puerta a medidas estatales que normalmente están prohibidas, con el objetivo de ayudar a los gobiernos en su respuesta al impacto de la enfermedad. Antes de proponer formalmente los nuevos cambios, las autoridades comunitarias han sometido la medida a consulta de las capitales.

El planteamiento básico de la enmienda que prepara el Ejecutivo comunitario es que los gobiernos puedan apoyar la recapitalización de empresas en dificultades. Estas intervenciones, explica la Comisión en un comunicado, podrían tener un "impacto significativo" en la competencia y por eso "deberían ser acciones de último recurso". Con la misma lógica, para poder entrar en el capital de compañías golpeadas por la pandemia, los Estados miembros tendrán que cumplir una serie de condiciones estrictas.

Plan de salida

"Ampliaremos más el Marco Temporal de Ayudas de Estado para permitir que los Estados miembros recapitalicen empresas cuando sea necesario y adecuado. Aseguraremos que los contribuyentes son remunerados por su inversión y que las compañías que reciben ayudas estén sujetas a controles y disposiciones de gobernanza para evitar posibles distorsiones", explicó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

De esta forma, los Estados podrán entrar en el capital de las empresas que han sufrido importantes pérdidas como consecuencia de la enfermedad, generalmente mediante la compra de acciones. La normativa, sin embargo, exigirá que los países sean "suficientemente remunerados por los riesgos que asuman".

Además, los Estados miembros tendrán que elaborar una estrategia de salida de las empresas, en especial de las grandes compañías, con el objetivo de "garantizar que pueden volver a viabilidad sin necesidad de apoyo estatal cuando la economía se haya estabilizado".

Si la entrada en el capital de empresas tiene lugar a nivel europeo, añadió el Ejecutivo comunitario, el riesgo de distorsión en el mercado único "sería menor" y, por eso, se requerirán condiciones menos estrictas.

Las autoridades comunitarias recordaron además que esta medida se suma a la posibilidad que ya tienen los países de adquirir acciones a precio de mercado para evitar las "adquisiciones hostiles" de compañías estratégicas por parte de actores extranjeros.

Borrell, a favor

Además, el jefe de la diplomacia europea y ex ministro socialista, Josep Borrell, también defendió ayer que el Estado entre temporalmente en el capital de empresas cuya viabilidad esté en riesgo por los efectos de la crisis del coronavirus. "Eso es nacionalizar, ya sea en proporción grande o pequeña", explicó.

"Si una empresa no puede funcionar, no tiene ingresos, va a entrar en quiebra y se la quiere salvar, ¿cómo se hace? Pues entrando en su capital, y entrar en el capital es una forma de nacionalización. Será temporal, pero digamos las cosas por su nombre", expuso en una entrevista en Ràdio 4.

Borrell lamentó que en España algunos se "asusten" por "prejuicios ideológicos" al oír la palabra "nacionalización", cuando en su opinión es una práctica "que no hay que descartar para algunos casos" y que también sopesan otros países, como Italia, Alemania o Estados Unidos para evitar que la economía se despeñe.

En este sentido, el ex ministro de Exteriores destacó la intervención del gobierno italiano en la aerolínea Alitalia.

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