La minería no debe basarse únicamente en la investigación y la extracción. Empresas y Administración deben confabularse para fijar el valor de todo el proceso de transformación posterior en la tierra en que se desarrolla. Así lo aseguró ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, durante su intervención en una mesa redonda organizada por el Grupo Joly con la colaboración de esta Consejería. Varios especialistas en distintos ámbitos laborales ofrecieron sus visiones sobre La industria minera en la Europa del siglo XXI, en el marcode la tercera y última de las jornadas del Metallic Mining Hall (MMH) de Sevilla.

El director de Huelva Información, Javier Chaparro, moderó la mesa, en la que participaron, además del consejero, Antonio García Muñoz, miembro del gabinete jurídico Lener; Alejandro Loyo Díaz, responsable de Banca Corporativa Andalucía de del Banco Sabadell; y Francisco Moreno, presidente de Aminer, la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios.

Para que en 2020 el sector industrial andaluz alcance un peso del 23% en el PIB (frente al 12,5% actual), Sánchez Maldonado abogó por convertir la mina en una industria que abarque todo el proceso desde la extracción del cobre hasta la producción del hilo de cobre para las telecomunicaciones o la energía. Eso hará, según señaló, que después de la mina haya industria, valor añadido y empleo.

Respecto a la postura de la Administración autonómica sobre la creación de una fábrica de cobre en Huelva o Sevilla -cuestión planteada por Javier Chaparro- Sánchez Maldonado aseguró que "si tenemos la materia prima (el cobre) no es lógico que lo extraigamos, lo subamos al barco y nos lo llevemos a 20.000 kilómetros para producirlo y después traer el hilo de cobre aquí". No obstante, a este reto apuntado por Sánchez Maldonado se une otro que concierne a todas las administraciones públicas: otorgar seguridad jurídica y agilizar los trámites, haciendo que todo el proceso administrativo sea conocido y certero.

Tras referirse a la necesidad de actualizar la ley estatal de minas en consenso con el sector de la minería, puesto que no se ajusta a las necesidades actuales (se trata de una legislación preconstitucional, del 73), el consejero de Empleo explicó que en septiembre de 2013 la Junta puso en marcha un proceso de estudio de todos los trámites administrativos que afectaban a los procesos económicos en la comunidad. Según precisó, se señalaron casi 600 procedimientos regulatorios exclusivamente competencia de la Junta. A día de hoy, según apuntó, "más de 300" de esos 600 trámites se han eliminado y la Junta continúa trabajando para reducirlos al máximo.

Precisamente, Antonio García Muñoz, desde la perspectiva de los despachos especializados en derecho minero que acompañan a los inversores cuando desembarcan en España, señaló la necesidad de un marco de seguridad jurídica, apostando por coordinar y unificar las normativas europea, estatal, autonómica y local.

Tras más de 15 años asesorando a compañías que desarrollan su actividad en el sector minero tanto a nivel nacional como internacional, el experto indicó que, para solucionar este problema, la UE licitó en 2007 un estudio sobre el análisis de las normativas europeas de todos los países de la comunidad y este año ha vuelto a hacerlo. "Están recopilando las perspectivas desde el punto de vista ambiental y regulatorio en cada país, a efectos de establecer principios unificadores y coordinadores", precisó.

Para Alejandro Loyo la seguridad jurídica es un hecho y lo seguirá siendo, mientras que la responsabilidad es compartida por el sector industrial y la Administración pública "para tranquilidad de los bancos". En cuanto a la sostenibilidad -desde el punto de vista industrial y de la creación de puestos de trabajo- juegan un papel esencial la innovación e investigación. "Desde 2002 en Huelva ha habido una apuesta importante por la innovación, se han realizado aportaciones de inversores superiores a los 1.500 millones de euros y cuando un inversor viene es porque hay un apoyo de la Administración y un ámbito de actuación jurídico que le otorga tranquilidad para un proyecto viable a largo plazo. Una mina tarda más de siete años en abrir", aseguró. El directivo apuntó que la ubicación de los mejores grupos mineros del mundo en la Faja Pirítica ibérica aporta tranquilidad a los bancos a la hora de financiar los proyectos.

El presidente de Aminer y comisario del MMH, Francisco Moreno, se refirió a estas compañías mineras de primer orden mundial. Según recordó, Trafigura, a través de Matsa, opera el yacimiento de Aguas Teñidas; ha reabierto Sotiel, ha descubierto Magdalena e investiga en Paymogo y mina Concepción, todos en la provincia de Huelva. Por otro lado, First Quantum Minerals es propietaria de Cobre Las Cruces, la mayor inversión privada realizada en las tres últimas décadas y también la principal de capital internacional en la provincia de Sevilla; mientras que Grupo México es la adjudicataria del proyecto de reapertura de Aznalcóllar.

"La Faja Pirítica es una zona única del mundo de más de 250 kilómetros (120 en territorio español), que incluye más de 80 yacimientos, algunos de los súper gigantes, es decir, de más de 100 millones de toneladas; y los recursos potenciales en yacimientos mineros se estiman en miles de millones de toneladas", subrayó el presidente de Aminer.

Pero a este potencial se suman los avances en investigación de los últimos años, lo que "garantiza la pervivencia del sector en la región durante décadas". No en vano, gracias a la inversión se ha descubierto que en Andalucía hay reservas mineras de buena ley para ser económicamente rentables, con lo que podría generar a largo plazo más empleo y riqueza en la comunidad.