Economía

Lois echa el cierre y deja en la calle a 350 trabajadores

  • Tras varias regulaciones de empleo, el grupo textil valenciano Saéz Merino no puede hacer frente a sus deudas.

El grupo textil valenciano Saéz Merino, fabricante de los vaqueros Lois, ha iniciado los trámites para su liquidación mediante la presentación de la solicitud pertinente en los juzgados de lo mercantil. La decisión dejará en la calle a un total de 350 trabajadores, empleados en las factorías que la firma mantiene en Valencia y en Ciudad Real. Tras varias regulaciones de empleo, el grupo textil decide echar el cierre porque no puede hacer frente a sus deudas. A la espera de una reunión con los principales directivos de la compañía, los sindicatos estudian medidas. 

Sáez Merino -que también comercializa marcas como Cimarron, Caroche o Caster-, presentó en el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia la solicitud de liquidación de la sociedad. La plantilla asciende actualmente a 350 empleados entre los centros de Benaguasil (Valencia) y Daimiel (CIudad Real). Miembros de la dirección de la empresa convocaron ayer al comité de empresa de la compañía para comunicar a los representantes de los trabajadores su intención de presentar la solicitud de liquidación de la misma, alegando que "han estado aguantando pero no pueden hacer frente a las deudas contraídas", por lo que "antes de generar más, se veían obligados a solicitar la liquidación".

Al respecto, indicaron que permanecen "a la espera de lo que suceda" en la reunión que mantendrán con la dirección de la empresa el próximo 14 de octubre, encuentro al que confiaron "vaya el consejero delegado Vicente Sáez Merino, y los directores generales, que son quienes han llevado a esta situación", a diferencia de lo ocurrido en la reunión de ayer, a la que "no fueron ni el gerente ni los directores generales, sino jefes de segundo nivel".

"A ver si dan la cara los responsables de la compañía", recalcaron las mismas fuentes, quienes avanzaron que pedirán "explicaciones" sobre "por qué se ha llegado a esta situación, y sobre todo, por qué después de tanto sacrificio nos encontramos con este final", con el objetivo de "a partir de ahí, ver el camino a seguir".

Tras conocer la decisión, los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Rafael Recuenco y Joan Sifre, respectivamente, consideraron negativa la solicitud de liquidación, al tiempo que anunciaron que estudiarán con profundidad el caso para determinar qué medidas pueden adoptar. Recuenco analizó "negativamente" esta decisión, al igual que sucede "cuando cualquier empresa anuncia su cierre de actividad", y aseveró también que este hecho "constata" lo que el movimiento sindical reclamaba ya "hacía muchos años", y que "nadie escuchaba". Por su parte, Joan Sifre afirmó que su organización estudiará cómo evoluciona este caso y el trámite del oportuno expediente para adoptar las medidas necesarias "con respecto a esta situación laboral concreta".

La solicitud de liquidación de esta emblemática firma valenciana  supone el desenlace del proceso iniciado en 2004 con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción de los contratos de 541 trabajadores, dedicados todos ellos a la confección, y pertenecientes a los centros valencianos de Carcaixent, Torrent, Benaguasil y Ayora, y al de Casas Ibáñez, en Albacete.

Posteriormente, vivió su segundo episodio en 2006, cuando el grupo textil valenciano solicitó la declaración de concurso de acreedores a fin de "negociar su pasivo y poder acometer un plan de reorganización capaz de garantizar la continuidad de la empresa" y poner fin a la situación de "pérdidas" que se remontaba a 2004.

En ese mismo año, presentó otro ERE dentro del procedimiento concursal en que estaba inmersa, y que finalmente afectó a 427 trabajadores frente a los más de 600 previstos, una rebaja que fue "forzada en parte" por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat por entender que "en la Comunitat Valenciana tenía que haber un centro de producción".

En abril de 2008, Sáez Merino anunció un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que supuso la extinción de los contratos de otros 126 trabajadores, lo que redujo su plantilla a un total de 342 empleados, cerca de 90 en el centro de Daimiel y el resto en el complejo de Benaguasil, que aglutinaba prácticamente todos los servicios de la compañía. El alcance de este último ERE fue especialmente relevante en la matriz de confección del grupo, Sáez Merino Sewing SAU, ya que afectó a 91 de sus trabajadores, mientras que el resto pertenecían a las divisiones de logística y oficinas. 

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