La crisis ha colocado a los ricos en el punto de mira fiscal. Tras emprender un duro plan de ajuste, -que comprende medidas tan impopulares como un recorte en un 5% de los sueldos de los funcionarios y la congelación de las pensiones-, el Gobierno necesita urgentemente reanimar los ingresos si quiere cumplir con los compromisos de reducción de déficit contraídos con la Unión Europea. Para compensar el desgaste social y electoral que ocasionará el ajuste, el ala izquierda del PSOE exige además al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una subida extra de impuestos a las mayores rentas, una petición que ha generado controversia dentro del gabinete. Mientras que unos dudan de los beneficios reales de una medida que supondrá una ínfima subida de la recaudación, otros insisten en que es necesario trasladar el mensaje de que el peso de los recortes no sólo recae en la clase media.

Esta desunión se hizo patente un día después de que el jefe del Ejecutivo anunciara el plan de ajuste en el Parlamento. En menos de 24 horas, un vicepresidente y un ministro -Manuel Chaves y José Blanco- anunciaron una subida de los impuestos a las rentas más altas que fue negada inmediatamente por otro vicepresidente y otro ministro -la titular de Economía, Elena Salgado, y Miguel Sebastián-.

El presidente del Gobierno dio por zanjado el debate el pasado 26 de mayo, cuando avanzó ante el Congreso de los Diputados que presentaría en "breves semanas" una figura tributaria que no afectará a los impuestos generales ni al 99,9% de la población, sino sólo a los ciudadanos con "una alta capacidad económica".

Dentro de esta vaga declaración caben muchas interpretaciones. "Lo primero que debe determinar es qué se considera como una renta alta. Los partidos del arco parlamentario de izquierda presentaron una propuesta en la que se pedía una subida para las rentas superiores a 100.000 euros, pero el presidente del Gobierno dijo que no afectaría al 99,9% de la población", destaca el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. "Al ser tan pocos contribuyentes, estaríamos hablando de una recaudación muy baja y no sería más que un impuesto cosmético", agrega Mollinedo.

Mientras el Gobierno deshoja la margarita, las comunidades autónomas han tomado nota. La portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, admitió el pasado miércoles que el Ejecutivo andaluz estudia una subida de impuestos a las rentas altas, aunque no concretó cómo se articulará.

La Generalitat de Cataluña ya ha pasado a los hechos. El Govern aprobó el pasado martes aumentar la presión fiscal del tramo autonómico del IRPF -que supone la mitad del impuesto; la otra mitad corresponde al Estado- a los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros, lo que supone apenas un 0,5% de los catalanes sujetos a este impuesto. La subida se hace de manera progresiva y en dos tramos del IRPF, el primero de ellos a partir de los 120.000 euros de renta, cuyos contribuyentes se verán afectados en dos puntos, pasando a tributar del 21,5% al 23,5%. El segundo tramo es para las rentas a partir de los 175.000 euros anuales, que se gravarán con cuatro puntos adicionales, pasando a tributar del 21,5% al 25,5%. Esta subida apenas supondrá una recaudación extra de unos 90 millones de euros.

Baleares propone subir un punto el tramo autonómico del IRPF a las rentas superiores a 100.000 euros y elevar el tipo del 7 al 8% del Impuesto de Transmisiones en el caso de bienes inmuebles superiores a 450.000 euros. Estas medidas aportarían unos cinco millones de euros más al año a las arcas del Govern presidido por Francesc Antich.

El escaso impacto recaudatorio de la subida del IRPF se debe a que las rentas altas tienen un peso mínimo en el cómputo total de declarantes. En Andalucía sólo el 2,4% de los contribuyentes -en concreto, 75.824 de un total de 3.096.240- declararon unos rendimientos del trabajo comprendidos entre 60.000 y 150.000 euros, y apenas el 0,3% -10.315 personas- más de 150.000 euros, según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a la Campaña de la Renta de 2007. Los porcentajes son algo superiores en el cómputo nacional. El 3,4% de los contribuyentes -640.238 de 18.702.875- declararon entre 60.000 y 150.000 euros, un 0,5% -96.477 personas- entre 150.000 y 601.000 euros, y un 0,06% -10.580- más de 601.000 euros.

A este peso mínimo de las rentas altas hay que agregar el efecto de las deducciones y las bonificaciones de las que se benefician todos los contribuyentes. Aunque los rendimientos del trabajo tributan a una escala progresiva del 24% al 43%, el tipo efectivo de los contribuyentes con más ingresos no supera el 26%, según datos de Gestha. "Se da la paradoja de que los tipos medios llegan al 26% hasta 200.000 euros de ingresos y a partir de ahí descienden hasta el 21% para las rentas superiores a 600.000 euros", subraya Mollinedo, que incide en que "estas personas eluden la tributación ya que pueden acceder a mecanismos y asesoría especializados".

Uno de estos instrumentos son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav). Las Sicav son sociedades cuyo objeto social es la inversión en los mercados financieros. Para formar una Sicav, se necesitan al menos 2,4 millones de euros de capital social y un mínimo de 100 accionistas. Su control no corresponde a la Agencia Tributaria, sino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como el resto de instrumentos de inversión colectiva.

La principal ventaja fiscal de las Sicav es que tributan al 1% en el impuesto de sociedades. Sólo en el caso de que el inversor decida retirar su capital, los dividendos tributarán al 19% en caso de que el rendimiento de capital sea inferior a 6.000 euros, o al 21% si los dividendos son superiores a esta cantidad. Además, los accionistas tienen control sobre el destino de la inversión, algo que no ocurre en el caso de los fondos de inversión. "A veces se confunde con los abusos. Se puede dar el caso de que una Sicav adquiera las acciones de una empresa que sea a su vez propietaria de un chalé o de un yate, y así los accionistas evitan pagar impuestos", critica el secretario general de los técnicos de Hacienda.

"Los accionistas no tributan por sus plusvalías hasta que no salen de la Sicav. Lo que pasa es que casi nunca se reembolsa el capital invertido porque no se producen salidas", destaca José María Mollinedo, que agrega que "no hay ninguna razón para que una pyme tribute al 28% y una Sicav al 1% a no ser por la competencia fiscal entre estados".

Esta competencia fiscal ya ha empezado entre comunidades autónomas. Las haciendas forales del País Vasco aprobaron a finales de 2009 equiparar las Sicav con el resto de las sociedades mercantiles, situando el gravamen en el 28%. Como consecuencia, dos tercios de las sicav vascas cambiaron su domicilio fiscal a otras comunidades autónomas en los últimos meses, según reconoció recientemente el presidente de la CNMV, Julio Segura, que alertó del riesgo de que se produzca una fuga de capitales de España en caso de que se aumente la tributación de las sicav.

El destino podría ser países como Luxemburgo, aprovechando la libertad de movimientos de capitales dentro de la Unión Europea, aunque desde la banca privada se rechaza categóricamente. "Eso de la fuga de capitales son habladurías. Para que se vaya el patrimonio tiene que ser un país como Nigeria o Venezuela", aseguran desde la filial de banca privada de una de las principales entidades españolas.

Las sicav españolas cuentan con 414.207 accionistas y su patrimonio asciende a 25.875 millones de euros, un 12% menos que en enero de 2008, justo antes de que la España entrara en recesión, según los datos correspondientes al mes de abril de Inverco. La evolución de los últimos meses no corresponde precisamente con un escenario de fuga de capitales, ya que el patrimonio ha crecido incluso desde diciembre.

Carlos Gálvez, director en Andalucía de Deutsche Bank Private Wealth Management, entidad especializada en la gestión de patrimonios superiores a dos millones de euros, también se muestra tajante. "Nosotros no hemos visto esos movimientos, y desde luego no los recomendamos. Hay mucha incertidumbre desde el comienzo de la crisis, pero consideramos que hay que ser conservadores en todos los aspectos, y más cuando no se sabe por dónde va la línea fiscal", afirma Carlos Gálvez, que matiza que las sicav se prestan a la "demagogia". "Yo creo que es importante que estos patrimonios se queden aquí", manifiesta el director regional de la división de banca privada de Deutsche Bank, que expresa su confianza en que "la reforma fiscal sea una subida limitada y muy bien estructurada".