La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este martes mantener abiertas una serie de peticiones sobre la ley de amnistía española y solicitar al Gobierno español y a la Comisión Europea que les mantengan al tanto, respectivamente, de cómo avanza la tramitación de la norma y de la evaluación para ver si vulnera algún principio de la UE. 

La presidenta de la comisión de Peticiones, la eurodiputada española del PP Dolors Montserrat, optó también por pedir a dos comisiones de la propia Eurocámara que elaboren una opinión sobre el proyecto de ley y avanzó que, a petición de otra eurodiputada del PP, se valoraría el envío de una misión a España para analizar la situación sobre el terreno. 

La comisión de Peticiones atendió una batería de solicitudes de ciudadanos con quejas sobre la ley de amnistía acumuladas desde que comenzó la tramitación de la norma en España, con seis representantes de las protestas que advirtieron sobre una presunta incompatibilidad de la ley con los tratados de la Unión Europea. 

La Comisión Europea mantuvo, por su parte, la postura que ha defendido también desde que se hizo público el borrador de la ley y reiteró que, aunque ya analiza el proyecto de ley y está pendiente de su desarrollo en el Congreso, no lo finalizará hasta que la norma esté completamente tramitada en España. 

"La Comisión tiene el derecho y el deber de realizar un estudio para ver si se cumple la legislación europea, incluyendo los derechos fundamentales. La Comisión está analizando el proyecto de ley y siguiendo el desarrollo de la situación a nivel nacional, sobre todo el proceso legislativo, y en contacto con las autoridades españolas", señaló ante los eurodiputados el representante de la dirección general de Justicia de la Comisión, Julien Mousnier. 

"Es algo que nos tomamos muy en serio y estamos siguiendo de cerca lo que ocurre, pero en esta fase no puedo añadir nada más", incidió el funcionario. 

Entre los ciudadanos que intervinieron ante la comisión parlamentaria estuvo la expresidenta de UPyD Rosa Díez, que aseguró que no acude a Bruselas a pedir solidaridad sino "acción común", así como que se "reaccione en legítima defensa de los derechos de todos los europeos". 

"El Gobierno de España es una anomalía en la Europa democrática", afirmó Díez, que acudió en nombre de una decena de asociaciones contrarias a la amnistía y se pronunció en la misma línea que la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, para quien el Estado de derecho "está en riesgo en España". 

Entre los eurodiputados, el popular alemán Peter Jahr consideró que la reacción de la Comisión Europea había sido demasiado escueta después de que uno de los ciudadanos españoles advirtiera de una "ola de autocratización", y pidió a Bruselas que se "implique más dentro del debate" sobre la ley de amnistía. 

El resto de los diputados que intervinieron en la primera ronda fueron todos españoles; la primera de ellos, la socialista Cristina Maestre, lamentó que los eurodiputados del PP y Vox usen a los ciudadanos "como teloneros en un nuevo sainete" sobre un proyecto de ley que llega al Parlamento Europeo pese a que aún se está tramitando en España. 

"Nosotros respetamos incluso a los que vienen a insultarnos, incluso a aquellas que vienen autodefiniénose con mucho autobombo como exsocialistas, pero que no cuentan que perdieron un congreso con el 6 % de los votos y que desde entonces no ha dejado de insultar a todos los socialistas", dijo Maestre en referencia a Rosa Díez, lo cual levantó algunas quejas sonoras en la sala. 

En la misma línea, la eurodiputada del BNG Ana Miranda denunció que en este órgano parlamentario se admitan algunas denuncias de forma urgente mientras otras se dejan por el camino, situación que tildó de "causas A y causas B" dependiendo de si, dijo, "convienen a la derecha y extrema derecha". 

"Esta comisión tiene la obligación no de hacer causas políticas", pidió. 

En apoyo a las protestas se pronunció, entre otros, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, que advirtió de que los ciudadanos que han acudido a la Eurocámara "responden a una preocupación generalizada en muchas capas de la población española". 

La situación en España es "tan grave o más" que en Hungría, dijo la eurodiputada naranja, quien alertó de que "la reconciliación con aquellos que no hacen reconocimiento de delitos y daños no es reconciliación, es Síndrome de Estocolmo". 

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, enumeró los principios del derecho que a su juicio infringe el proyecto del ley y consideró que se trata de "la mayor vulneración del Estado de derecho en la historia de la Unión Europea". 

"Si la Comisión y la mayoría de este Parlamento mantienen el silencio, los españoles llegaremos a la consecuencia de que hay una complicidad de las instituciones con el Gobierno de Pedro Sánchez", añadió Buxadé.