El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal, que apoyan CiU, PSC y ERC y que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.

Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic, han expresado su apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. A pesar de ello, el alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.

El Ayuntamiento de Vic ha celebrado un pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se ha acabado discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) han mostrado su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición, y la CUP e ICV se han manifestado en contra.

El grupo de ICV había presentado una moción para "garantizar el derecho al empadronamiento y la convivencia en Vic" que debía debatirse en el pleno de hoy, sin embargo ha decidido retirar temporalmente la moción después de que el alcalde aceptara debatirla en el próximo pleno, previsto para el mes de febrero.

Vila d'Abadal ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. El alcalde ha destacado que la voluntad del equipo de gobierno es que "la inmigración no sea una cosa negativa sino positiva" para el municipio y ha reiterado que "los inmigrantes ilegales no pueden trabajar y por eso no los podemos empadronar". "Mi obligación y la de cualquier persona con responsabilidades públicas es hacer cumplir la ley", ha agregado el alcalde, que ha añadido que esta medida "se limita única y exclusivamente a eso".

El concejal de ERC Joan López ha remarcado que su formación apoya la medida porque responde a una de las "exigencias históricas de Vic sobre la población inmigrante". El edil del PSC Josep Burgaya ha asegurado que el objetivo final de la medida es "facilitar la plena integración de la inmigración y evitar los empadronamientos fraudulentos". Burgaya ha defendido la validez jurídica del informe sobre la nueva normativa elaborado por los servicios jurídicos municipales, pero ha dicho que "si un informe de otra administración demuestra la ilegalidad de la normativa, nosotros nos opondremos a su aplicación".

Plataforma per Catalunya apoya esta medida, pero la considera insuficiente, tal y como ha destacado su concejal Josep Anglada, que ha considerado que los inmigrantes ilegales "no aportan nada bueno al país y sólo aportan gasto social, delincuencia y economía sumergida".

El grupo municipal de la CUP considera que la medida "es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población", y considera que no "solucionará el problema de la inmigración", mientras que ICV ha pedido su retirada.

El ayuntamiento de Vic está gobernado por CiU (8), PSC (4) y ERC con 2 ediles, frente a la oposición de La Plataforma per Catalunya (4), la CUP (2) e ICV (1 edil).