La Alhambra, el buque insignia del turismo granadino y nacional, ha vuelto a acaparar la atención del mundo judicial este año, pero con importantes novedades. La Audiencia Provincial ha dictado la primera sentencia sobre el eterno caso del fraude de las entradas, que ya acumulaba 13 años desde la apertura de la investigación. Era una cuenta saldada. Pero muy poco después, la ciudad amaneció con la noticia de una nueva redada contra una veintena de cargos y trabajadores vinculados al monumento, esta vez por el escándalo de los contratos que la anterior cúpula directiva habría otorgado a dedo a empresas de familiares o amigos, según los investigadores. Algunos de ellos, como la anterior directora, María del Mar Villafranca, ya eran llevados a comisaría por segunda vez desde 2015, verano aquel en que comenzó la Operación Colina Roja.

Las investigaciones judiciales llegaron a la Alhambra en otoño de 2005, cuando la Policía comenzó a poner agentes encubiertos en los accesos para investigar una denuncia sobre una trama fraudulenta de venta de entradas o accesos irregulares, que implicaba a agencias de viajes y a trabajadores del monumento. Desde ese momento hasta el 1 de marzo de 2018, día en que fue notificada una sentencia que se hizo de rogar -como casi todo en este caso-, la Alhambra pasó 13 años en el foco mediático por esta investigación judicial.

La Fiscalía y algunas defensas han recurrido la sentencia del fraude de las entradas

Después de todo ese tiempo, las condenas casi simbólicas para los delitos enjuiciados, que iban desde los 3 a los 17 meses de prisión para los 10 culpables (de los 50 acusados que se sometieron a juicio), podrían parecer un fracaso de la larga investigación. Pero en realidad las bajas condenas de cárcel (amortiguadas por la aplicación de las dilaciones indebidas) tapaban una dura sentencia contra los principales acusados, pues quedó acreditada la existencia de esa trama de fraude.

La larga sentencia del tribunal que se encargó durante tres meses del mayor macrojuicio celebrado en la provincia, concluyó que entre 2002 y 2005 existió en la Alhambra una "trama continuada" y "urdida", entre agentes turísticos y empleados del monumento, para favorecer a determinadas personas y obtener un "enriquecimiento ilícito" por medio del acceso fraudulento al recinto de grupos organizados que llevaban determinados guías. La Audiencia Provincial considera probado que existió aquel ardid ilegal durante años, pero las condenas se diluyeron por la aplicación de las dilaciones indebidas, una atenuante que deja una imagen bastante pobre de la Justicia y que sirve para tratar de compensar de alguna manera a los enjuiciados por los casi 13 años de calvario judicial pasados desde el inicio de la investigación.

Pero esta sentencia no ha puesto punto y final al más que conocido caso judicial de las entradas. Tanto la Fiscalía como las defensas de los condenados han recurrido la resolución judicial, unos en espera de mayor contundencia y otros para reclamar la libre absolución.

Dos meses después, en mayo de este año, la Alhambra volvió al primer plano de la actualidad con una operación policial de redada en la que fueron detenidas 24 personas, entre ellas algunos de los principales gestores del monumento hasta el verano de 2015, cuando fueron llevados a comisaría por primera vez por el caso Audioguías.

Aquella causa, aún en fase de instrucción, es el origen de todo. Un informe de la Agencia Tributaria puso de relieve posibles irregularidades en la gestión de ese contrato de audioguías, de tal modo que se habría beneficiado a la empresa privada en detrimento de las cuentas públicas.

A partir de ahí el juez, con la colaboración de la Policía, inició una investigación que fue creciendo hasta convertirse en una enorme causa con más de 17 imputados y decenas de contratos en el punto de mira. Encontraron indicios de la adjudicación a dedo a personas que formaban parte de los círculos familiar o de amistad de algunos de los altos cargos del monumento.

La Audiencia Provincial ordenó separar el caso original, audioguías, de todo lo demás. Así las cosas, mientras que ese asunto avanzó hasta la actual fase final de la instrucción, el resto de la investigación parecía haber quedado en vía muerta.

Pero la redada practicada en mayo pasado y la entrega al Juzgado de Instrucción 4 de la capital de casi 10.000 folios de averiguaciones, por parte de la Policía, han reactivado este caso, en el que ya se cuentan 28 personas investigadas, una decena más de las que ya habían estado en el punto de mira del juez en el primer momento.

La anterior directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, que es una de las principales imputadas en las dos causas de Colina Roja (es el nombre que la Policía le dio a la operación), cuando fue a declarar ante el juez hace dos meses, denunció que estaba siendo objeto de una "persecución".

Los investigadores, por su lado, sostienen que bajo su mandato funcionó en la Alhambra una "administración paralela", gestionada por una "grupo criminal perfectamente organizado", en el que había una "estructura piramidal" y un "modus operandi" definido. La Policía cuantifica un posible perjuicio económico de 7 millones de euros.