Un auto de 22 páginas firmado por magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada es la respuesta que este órgano judicial ha elaborado para "vaciar de toda razón" la dura y extraordinaria acusación de "oscurantismo" y "confabulación" entre jueces, fiscales y políticos que en mayo pasado formuló el abogado Carlos Castresana por escrito ante el mismo tribunal. Después de este documento, que cayó como un misil en el mundo judicial granadino, el mismo letrado presentó denuncia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por supuesta "falta disciplinaria muy grave" de algunos de los jueces señalados.

En la resolución de ese incidente de nulidad, planteado por el abogado que representa al grupo Vamos Granada en la causa penal abierta por la venta de la Casa Agreda (además de otros asuntos de supuesta corrupción en Granada, como el caso Nazarí), los magistrados deslizan duras críticas contra los recurrentes, a quienes acusan de actuar de forma "temeraria" y "malintencionada".

El abogado de Vamos acusó también a los jueces de falta "grave" ante el CGPJ

El origen del conflicto es la instrucción del caso Agreda, en el que están imputados el exalcalde del PP José Torres Hurtado, la exedil Isabel Nieto, altos cargos de Urbanismo y representantes de la organización privada que compró el edificio municipal del Albaicín. Las acusaciones populares, entre las que está la concejal Marta Gutiérrez (Vamos Granada), mantienen abierto un conflicto con el juez de Instrucción 9, José Luis Ruiz Martínez, a quien acusan de falta de imparcialidad por presuntos vínculos con los investigados y para que el que pidieron la recusación.

La Audiencia de Granada avaló al juez y rechazó apartarlo del caso. Las acusaciones populares presentaron entonces este incidente de nulidad, al considerar que se han producido defectos en la tramitación y falta de rigor en la decisión de mantener al juez instructor en la tarea. El conocido abogado Carlos Castresana (fue fiscal español anticorrupción) fue especialmente duro en su escrito y acusó a determinados jueces y fiscales de Granada y Andalucía de mantener supuestos vínculos familiares y de negocios con miembros del Partido Popular y con sus abogados.

La Audiencia ha vuelto a rechazar ahora ese incidente de nulidad de su propia resolución anterior con un auto, firmado el 3 de septiembre, que además es un alegato contra las acusaciones vertidas por Castresana.

Sí admite el auto, al que ha tenido acceso este periódico, que hubo un "error" en la tramitación del expediente para resolver la recusación, lo que ha provocado un "malentendido", pues no se remitieron al tribunal que tenía que resolver la recusación las tres pruebas documentales aceptadas por el magistrado que se encargó de hacer las averiguaciones oportunas (el instructor designado). Pero sostienen los magistrados que, después de un análisis posterior de estos documentos, no cambia su postura inicial. El escrito de la acusación popular se quejaba de que no se hubieran practicado las pruebas propuestas para acreditar que el juez no había sido imparcial. La Audiencia considera que ese "error excusable" no es suficiente motivo de nulidad, pues no se han lesionado derechos fundamentales.

En cuanto a las dudas sobre la objetividad del juez instructor, dice el auto que es necesario tener "datos objetivos" y "no basta para apartar a un determinado juez" con "sospechas" que "surjan en la mente de quien recusa".