El Ayuntamiento de Granada, que está personado como acusación particular en el caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal durante los gobiernos de José Torres Hurtado, ha enviado al Juzgado de instrucción unas "conclusiones absolutorias" sobre la actuación del exalcalde y el resto de acusados en la pieza de la macrocausa relacionada con la construcción y tramitación de licencias del edificio donde tanto el regidor como la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto tienen su casa.

Tras la apertura de juicio oral ordenada por la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz por la llamada pieza Obispo Hurtado (es el nombre de la calle donde está el edificio del exalcalde), tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de la capital han remitido sus escritos de acusación, que en este caso son absolutorios. Esta posición ya había sido anunciada antes por ambas partes, pero la magistrada que lleva la instrucción de la causa decidió abrir juicio a Torres Hurtado, Nieto y otro técnico de Urbanismo, a petición de otras acusaciones populares también personadas, como la del empresario Ramón Arenas o el PSOE. 

El letrado del Ayuntamiento (gobernado ahora por PP y Cs) ha pedido a la jueza que, pese a sus conclusiones absolutorias, mantenga a la institución local en la pieza Obispo con la misma condición procesal, que era la de acusación particular, como supuesta perjudicada por los hechos investigados. No obstante, el gabinete jurídico municipal sostiene que los hechos de esta parte del caso Nazarí "no son constitutivos de delito". 

Del mismo modo se ha pronunciado la fiscal del caso, que tampoco considera que lo investigado suponga infracción penal alguna, si bien propone para el juicio el interrogatorio de los acusados por parte de las acusaciones populares y hace suyas las pruebas que aporten las otras partes del proceso. 

En su escrito, el Ministerio Público repite las consideraciones que ya formuló en su anterior petición de sobreseimiento y que llaman la atención porque se extiende al explicar los supuestos "incumplimientos de la legalidad urbanística" cometidos por los acusados en la tramitación del edificio de la calle Obispo Hurtado. Los califica como "graves", aunque al final matiza que éstos se deben circunscribir al ámbito administrativo y no al penal. 

La fiscal describe una serie de trámites que se hicieron en el Ayuntamiento de Granada dirigido por los acusados para poder sacar adelante su construcción, sin que éstos se abstuvieran o apartaran de las votaciones correspondientes. Son las licencias de obras y las modificaciones posteriores. También hubo problemas por determinados incumplimientos de la construcción respecto a las normas urbanísticas, lo que provocó la apertura de expedientes. 

El auto en el que la magistrada abrió juicio oral a finales de septiembre establece que los tres acusados han de ser enjuiciados por los presuntos delitos de prevaricación común, prevaricación urbanística y tráfico de influencias -este último delito solo para los dos políticos-. La Audiencia Provincial de Granada será el órgano competente para juzgarlos.

Las acusaciones que se mantienen

Aunque en el caso Nazarí abundan las partes personadas, en esta pieza Obispo Hurtado la responsabilidad de la acusación ha quedado en manos del empresario Ramón Arenas, que pide penas de hasta 4,5 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para los tres acusados. 

El PSOE también mantiene su posición en la que acusa solo a Torres Hurtado y Nieto del único delito de prevaricación, con penas de 12 años de inhabilitación, pero sin prisión.

El grupo municipal Podemos- IU-Adelante rectificó este verano su posición acusatoria inicial y se ha adherido a la postura de la Fiscalía, de modo que además de no formular acusación ha pedido apartarse de las actuaciones, a diferencia del Ayuntamiento de Granada, que pese a no acusar a nadie, pide mantener su posición procesal.