"Acusador y acusado", una doble condición judicial que puede parecer incongruente pero que es de hecho la situación procesal del Ayuntamiento de Granada en el caso Nazarí, el gran asunto vinculado a los tribunales que afronta esta institución pública desde que estallara en 2016 la famosa operación en la que se produjo la detención del entonces alcalde, José Torres Hurtado, y otras 15 personas, la mayoría vinculadas al ente local.

La magistrada instructora de este caso, María Ángeles Jiménez Muñoz, ha resuelto así el debate suscitado tras la petición de una de las partes, a la que se adhirieron otras, para que expulsara al Ayuntamiento de Granada de la acusación del caso alegando que su actuación estaría siendo obstaculizadora en lugar de propiciar el impulso de la investigación. La decisión judicial implica que el ente público se mantiene en la doble posición para garantizar que pueda defender el "interés público lesionado" y, a la vez, según subraya la jueza, se garantice una respuesta económica por las posibles ilegalidades de los investigados de este caso, que eran representantes políticos y funcionarios municipales.   

En el auto que resuelve el asunto, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza considera inviable la petición: "No se le puede expulsar como acusación particular, con independencia de la actuación procesal que desarrolle su representación en las actuaciones judiciales". 

Esta resolución judicial se apoya expresamente en la postura manifestada por la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, y argumenta que "en las actuaciones objeto de investigación no solo se concreta el daño o perjuicio irrogado al señor Arenas (acusación particular que pidió la expulsión del Ayuntamiento), sino que también, los tipos penales imputados a los investigados, se concretan en un delito de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, entre otros, que afectan, presuntamente, a un suelo proveniente de cesiones obligatorias de planes parciales, referidos a suelo público de dotaciones deportivas".

Por tanto, además de las ilegalidades investigadas que pudieran afectar al empresario acusador, "comoconsecuencia de la invasión de su parcela", para la magistrada Jiménez "está claro que existe un interés público lesionado que es el defendido por el Ayuntamiento de Granada personado por este motivo como perjudicado".

Es por eso que a instancia del Ministerio Fiscal el Juzgado de Instrucción 2 ha acordado el encargo de una pericial "con la finalidad de que se proceda a concretar tales perjuicios". 

Indemnizaciones millonarias, pendientes de pericial

Pero esto no impide que el Ayuntamiento pueda mantenerse en la causa también como responsable civil subsidiario, para responder económicamente por algunas de las posibles irregularidades por las personas investigadas, si llegaran a concretarse tras un juicio. Recuerda la jueza instructora que "los hechos delictivos objeto de investigación, han sido, presuntamente, cometidos por funcionarios municipales, en el ejercicio de sus funciones".

"Del desarrollo de las actuaciones y conforme se van conociendo las imputaciones, puede resultar que las exigencias de responsabilidades civiles derivadas del ilícito penal lleven a la exigencia de estas responsabilidades al propio Ayuntamiento", añade la jueza, antes de explicar también que en la pieza donde se ha planteado esta cuestión, la denominada como Mulhacén, se parte del presupuesto de unos perjuicios económicos que se pudieran haber producido al empresario Ramón Arenas y a su empresa. "Consta en las actuaciones informe pericial en donde se concluye la existencia de un perjuicio económico en cuantía de 9.529.110 euros", según expone el auto judicial fechado el 24 de febrero. 

Respecto a la posibilidad de que un Ayuntamiento pueda estar personado con esa doble calidad, como acusación particular y como responsable civil subsidiario, el auto recuerda que "es algo que ya se ha planteado a nivel jurisprudencial. Y al respecto, el Tribunal Supremo ha sido titubeante". Pero tras hacer un repaso por las distintas respuestas de este órgano unificador de doctrina, la magistrada de Granada se refiere a la última postura de la Sala Segunda del TS y la jurisprudencia consolidada, que "viene a solventar la problemática con la que nos podemos encontrar pudiéndose llegar a estar personado el Ayuntamiento de Granada en la doble condición de responsable civil subsidiario y acusación particular". 

La posición de las partes

La reciente petición del empresario Ramón Arenas, denunciante del caso Nazarí, para que la jueza expulsara al Ayuntamiento de Granada como acusación y lo mantuviera exclusivamente como responsable civil trajo cola en cada una de las respuestas y posiciones que ha adoptado cada parte personada. Aunque con argumentos diferentes, lo curioso es que tanto acusaciones como la mayoría de las defensas coincidieron en que el organismo municipal deje de ser parte acusadora. Sólo hubo alguna excepción entre las defensas, aunque la respuesta más disonante fue la del propio Consistorio, que pidió mantenerse en su doble condición procesal.

Podemos-IU llegó a celebrar una rueda de prensa para advertir a los ciudadanos de que la posición de responsable civil puede conllevar “costes millonarios” para la ciudad. Dijo aquel día su portavoz, Antonio Cambril, que si el Ayuntamiento es responsable civil el perjuicio para las arcas municipales podría ser enorme a la larga. “Si se hace así, la ciudad podría tener que pagar las tropelías de los investigados”.

El auto de la jueza viene a dar la razón en parte al concejal, pues confirma que el Ayuntamiento debe estar en la causa para responder de posibles perjuicios económicos ocasionados a terceros. Pero en realidad el municipio ya tenía esta consideración procesal casi desde el inicio del proceso, y no así la de acusación, que fue posterior, pedida por los abogados municipales cuando gobernaba el socialista Paco Cuenca. A pesar de este apunte, el PSOE (que ahora es parte acusadora como partido y no como institución) ha pedido ahora que el Ayuntamiento se quede en la causa exclusivamente como responsable civil, lo que difiere de sus acciones pasadas como gobernantes. 

La pieza Mulhacén, bares en suelo deportivo

El asunto concreto o la pieza en la que se están ventilando estas cuestiones es el del Pabellón Mulhacén, donde el municipio autorizó una serie de negocios de restauración sobre suelo de uso deportivo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya declaró nulos (aunque la sentencia está pendiente de recurso). Por este motivo considera la jueza instructora que se están dirimiendo importantes intereses públicos que se podrían haber lesionado.

También hay un conflicto con una parcela aledaña, que el Ayuntamiento vendió al empresario Ramón Arenas y que según este denunciante, fue parcialmente invadida por las construcciones antes mencionadas, además de haber imposibilitado su desarrollo urbanístico. Esta parte es la que ha presentado un informe pericial que cifra los posibles perjuicios económicos en más de 9 millones de euros.  

Por este motivo, destacan la jueza y la fiscal que si se confirman los delitos investigados se podrían dilucidar tanto responsabilidades penales como civiles (de tipo económico). Y el asunto podría ir más allá si además fuera necesario resarcir a otros terceros perjudicados, ante una posible anulación de los negocios de hostelería explotados por otras empresas que resultarían afectadas.