Granada

El Ayuntamiento de Granada recupera Casa Agreda

  • La capital ha ganado el pleito civil que lo enfrentaba a la organización AIDE, que resultó adjudicataria del controvertido proceso de venta impulsado por el Gobierno de Torres Hurtado.

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El Ayuntamiento de Granada podrá recuperar la Casa Agreda, el histórico edificio municipal ubicado en el Albaicín que en 2014 fue adjudicado a una organización privada, AIDE, por el anterior Gobierno municipal de José Torres Hurtado (PP). Este proceso de venta acabó en los juzgados por una doble vía, la penal y la civil, que es la que acaba de ganar el Consistorio granadino.

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 13 de Granada da la razón al Ayuntamiento en su demanda presentada de "resolución contractual e indemnización de daños y perjuicios" contra la Federation des Agences Internacionales Pour le Developpemment. Federation des Aides (Aide Federation). El juez declara "la resolución del contrato de superficie con opción a compra sobre la Casa Agreda, por incumplimiento de condiciones esenciales que afectan al mismo".

Aunque la resolución sea recurrida por Aide a instancias judiciales superiores, el Ayuntamiento ya ha anunciado que pedirá la ejecución provisional de la sentencia para poder disponer del edificio cuanto antes. El alcalde, Francisco Cuenca, ha propuesto albergar allí el futuro Museo de la Ciudad

El Ayuntamiento, por su parte, tiene que devolver a la compradora lo ya abonado, que son 314.600 €. Pero la sentencia condena a la asociación Aide a indemnizar al municipio por el deterioro que haya sufrido el inmueble en todos estos años, lo que ahora supone el inicio de otro proceso para cuantificar los daños y la posible compensación de deudas. 

El Gobierno socialista de Francisco Cuenca inició el proceso de anulación de la venta del inmueble por incumplimiento de contrato por parte de la organización franco-marroquí, que tenía que haber presentado un proyecto de rehabilitación en un plazo acordado para convertir el edificio en un centro social. 

AIDE se opuso a esa reversión y formuló una serie de alegaciones que fueron rechazadas por el Ejecutivo de Cuenca, lo que derivó al final en un pleito civil que acaba de ganar el Ayuntamiento de la capital. La demanda que por su parte también presentó la compradora privada ha quedado desestimada en la misma sentencia. 

Durante todo este tiempo el edificio ha sido objeto de un enorme deterioro que se veía desde fuera, pues colectivos y organizaciones alertaban constantemente de que había balcones abiertos y ventanas rotas, sin que hubiera actividad alguna en el edificio. El problema es que el Ayuntamiento no podía intervenir como si fuera un bien propio porque la titularidad era un asunto en litigio. 

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, ha reprochado en diferentes ocasiones al anterior equipo de gobierno del PP, que hiciera una contratación privada, lo que ha obligado al Ayuntamiento a seguir el procedimiento por la vía civil para la resolución del contrato. "Le dimos un plazo de alegaciones contra la decisión de rescindir el contrato por incumplimiento del mismo. Aide presentó alegaciones que ahora son rechazadas y por tanto queda abierta la vía para la correspondiente demanda civil para la definitiva resolución del contrato por las causas señaladas", declaró el portavoz del equipo de gobierno en 2017, cuando acababan de iniciar los trámites. El procedimiento se ha largado durante años porque los plazos en la vía civil son más amplios que un contencioso.

La Casa Agreda es un palacete del siglo XVI ubicado en la Cuesta de Santa Inés, junto a la Carrera del Darro. Es una de las más notables casas palaciegas construidas en Granada. A finales del siglo XIX se fundó en la Casa Agreda por Maximiliano Fernández del Rincón, canónigo lectoral de la Catedral de Granada y luego Obispo de Teruel.

En paralelo a este pleito, hay una investigación penal abierta para dirimir las posibles responsabilidades de una supuesta venta fraudulenta por parte de los anteriores responsables municipales. En estas diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción 9 de la capital están imputados el exalcalde Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto, el técnico Manuel Lorente, y otros funcionarios, así como el representante de AIDE. 

Este caso se encuentra a la espera de que llegue una tasación pericial del edificio con la que se pretende comprobar si la venta se hizo en unas condiciones adecuadas o, por el contrario, perjudicó los intereses de la ciudad. 

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