El Ayuntamiento de Granada ha aprobado esta mañana en pleno extraordinario (con los votos a favor de PP, Cs y PSOE y la abstención de Podemos-IU y Vox) una operación de “reordenación de la deuda financiera” adquirida con las entidades bancarias con fecha de hasta el 31 de diciembre de 2018 y con un importe de casi 53 millones de euros a través de la que “se mejora la capacidad municipal para pagar la deuda con los proveedores”.

La medida, según informa el Ayuntamiento en un comunicado, permite “refinanciar” en una sola un total de ocho operaciones financieras, denominadas ICO, por un importe de 52.885.000 euros, cuya carencia de pago de capital deberán amortizarse en dos únicos pagos, fijados en junio de 2022 y en ese mismo mes, pero en 2023.

El acuerdo, resultante de la adhesión del Ayuntamiento de Granada a una medida obligatoria dictada por el Ministerio de Hacienda, permite destinar el importe aplazado de capital de estos préstamos correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 al “pago de proveedores”.

Según el concejal de Economía en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, la medida “no supondrá un aumento del gasto corriente”, sino que, en aras de mejorar la capacidad financiera del Ayuntamiento de Granada, servirá para “reforzar su solvencia y hacer frente a sus compromisos ante la sociedad”.

La operación financiera supone la adhesión del Ayuntamiento de Granada a una disposición del Ministerio de Hacienda que permite la agrupación de los denominados préstamos ICO con los compartimentos del Fondo en Liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores en entidades locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, modificando las condiciones financieras de los mimos. 

Desde Podemos-IU, que se ha abstenido, el concejal Francisco Puentedura ha valorado negativamente la reordenación financiera porque "o se acompaña con otras medidas como un plan de saneamiento que garantice la prestación de servicios públicos y se acaban con las patadas adelante, o esto será pan para hoy y hambre para mañana".

Así, aunque la confluencia se ha abstenido por ser una medida de obligado cumplimiento proveniente del Ministerio de Hacienda, advierte de que puede ocasionar el "colapso financiero" del Ayuntamiento en 2022 por afrontar la gestión de una deuda millonaria "sin presupuesto, con un plan de ajuste desde 2012 que no se cumple y sin un plan de saneamiento serio".

Puentedura cree que esta medida, que reagrupa los préstamos y pospone el pago de amortización en los próximos dos años, a través de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), forma parte de la “estrategia de pan para hoy hambre para mañana” al eximir al Ayuntamiento de amortizar deuda por valor de 9 millones de euros durante 2020 y 2021 para aumentar a 44 millones de euros la amortización en los años 2022 y 2023.

Así, en 2020 y 2021 en lugar de pagar 25 millones se tendrán que pagar 16, por lo que se liberan 9 en cada ejercicio que después habrá que pagar en 2022 y 2023. El interés de la carencia no varía y se queda en 1,31, lo que hace que si no se amortizan esos 9 millones liberados cada año, se tendrá que pagar esos intereses. La contraprestación de esta operación, por tanto, es los 2 años de carencia, que alargan el pago de intereses.

Esta reagrupación de créditos, según el concejal de Podemos-IU, “sólo va a beneficiar a los bancos, que van a ganar 1,2 millones más en intereses” mientras el volumen de la deuda a proveedores, tasada en 90 millones por la tesorera municipal y en 79 millones según los datos de la Delegación de Hacienda, “no se reducirá si no se adoptan medidas estructurales y un plan de saneamiento serio y riguroso”.

Además, según Puentedura, no está claro todavía el punto 5 de la orden de Hacienda, que permite ampliar a 10 años la amortización de esa deuda. "Por tanto sigues con un pago de intereses y no reduces el Periodo Medio de Pago (PMP) porque pagamos a los bancos y no a los proveedores en un Ayuntamiento que hay 20 millones más de gastos que de ingresos".

“O el Ayuntamiento pone en marcha un plan de saneamiento o llegaremos a una situación de colapso en la economía municipal cuando llegue 2022”, ha subrayado Puentedura, quien afirma que las principales deudas a proveedores fijadas por Hacienda en 79 millones son con Inagra (42 millones) y la Rober (20 millones).

El plan de saneamiento que propone Podemos-IU plantea recuperar para la gestión pública los grandes contratos del Ayuntamiento de Granada para así “garantizar la suficiencia financiera de los grandes servicios públicos de la ciudad o no habrá remedio a la situación ecónomomica de la ciudad”, explica Francisco Puentedura. “No puede ser que en la ciudad de Córdoba el servicio de limpieza y recogida de basuras cueste la mitad de lo que cuesta en Granada, teniendo Córdoba más población que Granada”, asevera el edil.