La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano al que el nuevo Gobierno andaluz ha encomendado las auditorías de 14 agencias autonómicas, ha detectado en Granada 39 contratos de obras y servicios de 2 de esos organismos dependientes de la Junta que incumplirían la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de posibles fraccionamientos para posibilitar la “adjudicación directa” a los mismos empresarios.

Con un importe total de 407.013 euros, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) adjudicaron en 2015 una serie de contratos menores, en los que se reiteraban los mismos conceptos, y que sumados entre sí alcanzan cantidades que hubieran obligado a tramitar la adjudicación mediante un procedimiento abierto.

En un informe que la Cámara de Cuentas terminó en el otoño pasado, sobre la Fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, el órgano de control denunció esa contratación irregular: “Las actuaciones descritas, además de contrariar el principio de buena administración, pudieran constituir un incumplimiento del artículo 86,2 del TRLCSP (Ley de Contratos del Sector Público), al suponer un fraccionamiento del objeto del contrato”.

A juicio de los auditores, de forma general esta Administración abusaría de esos contratos menores (que no tienen que salir a concurso público por no pasar los límites económicos establecidos en la ley). Y es más, en muchos casos se ajustan sospechosamente a las cantidades máximas, de 50.000 euros (en caso de obras) y 18.000 euros (del resto de servicios)para seguir siendo contratos menores.

En referencia particular a los casos señalados, al tener conceptos iguales y haber recaído en las mismas empresas, la Cámara destaca que parecen fraccionamientos que permiten la “adjudicación directa a cualquier empresario” con capacidad de prestar servicios a la Administración.

En Granada se han puesto en entredicho 6 contratos de obras de la Agencia de Vivienda (AVRA) y otros 33 de servicios de la Agencia IDEA, para el edificio de empresas del PTS, conocido como BIC.

El primer bloque de contratos es el de una serie de obras de rehabilitación en Almanjáyar, que tenían un importe de casi 40.000 euros cada uno. El problema es que algunos de ellos tienen el mismo concepto y se adjudicaron a las mismas empresas, por lo que al sumar los importes, la cantidad obligaría a hacer un concurso público.

El resto de contratos señalados, de la Agencia IDEA, eran servicios para el edificio BIC que se contrataban mes a mes a las mismas empresas. Los trabajos de recepción de ese centro de empresas, así como los de limpieza y los de seguridad y vigilancia, se hicieron de forma fraccionada cada mes del año 2015.

La Cámara de Cuentas explica respecto a esta práctica que “el órgano de contratación optó por tramitar varios expedientes, pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englobarse en un único expediente”. Los auditores destacan que, al margen de la lógica necesidad de cumplir la ley, es importante evitar este tipo de situaciones que puedan penalizar a la Administración autonómica a la hora de cumplir todos los requisitos de fondos europeos, como los FEDER. De ahí que se recomiende “extremar el rigor” en la contratación.