La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada ha creado un fondo extraordinario de ayudas de hasta 120.000 euros para los colegiados ejercientes de la provincia que se hayan visto más perjudicados a causa del estado de alarma.

Según informó el Colegio de Abogados, el objetivo es minimizar "en la medida de lo posible" las dificultades económicas que la crisis socio-sanitaria provocada por la pandemia está ocasionando en el colectivo profesional "a corto y medio plazo".

En concreto, se trata de un fondo de hasta 120.000 euros que será distribuido en 300 ayudas de 400 euros cada una dirigidas a los letrados ejercientes en situación de mayor vulnerabilidad. "Este importante y trascendental acuerdo supone una manera de compensar a los que más han notado esa merma en sus ingresos en el primer semestre del año a raíz del coronavirus", explicó el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera.

Cabrera añadió que esta nueva medida de la Corporación beneficiará al 12% de los ejercientes del censo colegial. Para acceder a estas ayudas económicas, los interesados deberán presentar su solicitud por vía telemática en el plazo comprendido entre el 21 de julio y el 4 de septiembre (ambos días incluidos).

Será una Comisión Especial, creada en el seno de la Junta de Gobierno, la que se encargue de estudiar las solicitudes, baremarlas en base a principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad, y proceder a la adjudicación de las mismas en ese mismo mes de septiembre. "Nuestra previsión es que a principios de octubre se proceda al pago de las ayudas", adelantó Cabrera.

Entre los requisitos establecidos en las bases de este fondo extraordinario se encuentran ser colegiado/a ejerciente del Colegio de Abogados de Granada con una antigüedad de al menos un año sin interrupción desde la fecha de solicitud de la ayuda; estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales y del seguro de responsabilidad civil; no ser miembro de la Junta de Gobierno; y que el conjunto de ingresos de la unidad familiar o de convivencia no supere unos determinados límites del IPREM en función del número de miembros.

Asimismo, se tendrán en cuenta como criterios de baremación el nivel de renta, las circunstancias personales y familiares o la percepción de otras ayudas similares.