Tribunales

El Constitucional admite el recurso amparo por una denuncia de tortura policial en Granada

  • En el escrito admitido se sostenía que "el caso reviste una especial trascendencia constitucional" ya que no se había hecho una investigación "pronta, intensa y exhaustiva"

  • Los hechos, de los que existen dos versiones contradictorias, se remontan al 23 de mayo de 2020, durante una manifestación de Vox que tuvo lugar en Granada capital

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / R. G.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado ante el archivo de una denuncia contra agentes de la Policía Nacional de Granada, por un presunto caso de detención ilegal y tortura, que se habría producido durante la celebración de una manifestación convocada por Vox el 23 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por el coronavirus, en la capital granadina, y que fue archivado por el juzgado. Así lo han indicado las organizaciones Stop Represión y la Delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que recordaron que los hechos denunciados corresponden a un presunto episodio de tortura policial, en el que varios agentes habría retenido, agarrado fuertemente, zarandeado y golpeado a una mujer que paseaba a su perro cerca del recorrido de la manifestación, causándole diversos hematomas, versión que era totalmente contradictoria con la que ofrecieron los agentes.

"No entiendo qué hace tanta gente junta como está la cosa con el coronavirus". Esta frase, que fue pronunciada por una granadina que se encontraba paseando a su perro aquel 23 de mayo, cuando el Centro de Granada estaba tomado por la manifestación de Vox contra el Gobierno, habría sido, según la versión de la víctima la que se acabó tornando en aquella supuesta detención ilegal y tortura por parte de los agentes. 

En concreto, según constaba en la denuncia, que fue interpuesta cinco días después de lo ocurrido, a la que tuvo acceso Granada Hoy -recayó en primera instancia sobre ele Juzgado de Instrucción 4 de Granada que se encontraba en funciones de guardia-, varios agentes de la Policía Nacional la agarraron "del cuello fuertemente, le zarandearon, golpearon y pellizcaron, causándole multitud de hematomas", además de haber sido presuntamente amenazada y detenida "sin informar del motivo" del arresto. Todo ello, cuando  "se encontraba paseando a su perro junto con una amiga cuando, en el cruce de la calle Gran Vía con San Juan de Dios, a la altura de las oficinas de la Agencia Tributaria, se encontraron con una manifestación contra la Gobierno en la que se portaban banderas de España constitucionales y algunas también preconstitucionales". Si bien, tan solo esta última parte de la versión de la víctima en la que le ubica en esa zona de la capital coincidía con la versión policial.

Según el atestado policial, todo partió de una discusión entre dos personas, que habría obligado a los agentes a intervenir para separar a las dos personas implicadas, momento en el que se le requirió a cada una la identificación. Fue entonces, según la versión policial, cuando "la que finalmente fue detenida empezó a increpar" a los agentes, "escupió a la chica que tenía delante, con la que estaba discutiendo", e incluso le llegó a decir una frase del tipo "ahí llevas el coronavirus". Además de todo ello, la joven se habría negado a documentarse y su perro, que iba sin bozal y era de un tamaño considerable, habría llegado a atacar a uno de los agentes.

Ante ello, prosiguió el relato policial, fue trasladada a dependencias de la Policía Nacional, donde solicitó asistencia sanitaria, pero durante el traslado al hospital "se golpeó a sí misma en el vehículo", además de presentar una actitud de nerviosismo e incluso amenazándolos con posibles represalias. Según las citadas fuentes, incluso llegó a agredir a los agentes y dado su estado apenas se le pudo atender.

Meses más tarde, la denuncia fue archivada por el juzgado, lo que propició que en noviembre del pasado 2020, los colectivos anteriormente citados presentasen un recurso de amparo ante el Constitucional, al considerar que se había producido un incumplimiento de la legislación estatal e internacional en cuanto a la instrucción del procedimiento ya que, según dijeron, no se ha hecho una investigación "pronta, intensa y exhaustiva", sobre un posible caso en el que se habría "vulnerado los derechos fundamentales a la integridad física y moral en relación con la tutela judicial efectiva", por lo que se exigía un proceso "con todas la garantías y uso de los medios pertinentes de prueba".

Así, en el escrito de amparo se sostenía que "el caso reviste una especial trascendencia constitucional", ya que pone de manifiesto que "la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la investigación de malos tratos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución Española está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria". Y, ante ello, la Sección Tercera de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso al apreciar "una especial transcendencia constitucional 2 porque el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina", en lo que se refiere a investigación de torturas o tratos inhumanos, según indicaron desde Stop Represión y Pro Derechos Humanos.

De este modo, las organizaciones sociales celebran la admisión a trámite del recurso de amparo y esperan que el Alto Tribunal "reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva y declare que se han violado los derechos fundamentales de la denunciante", que por tanto, "se revoquen todas y cada una de las resoluciones judiciales impugnadas" y que promueva con su resolución, el cumplimiento de la investigación de los delitos de torturas o tratos inhumanos.

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