El pasado curso académico 2019/2020 fue, sin duda, excepcional. El decreto del estado de alarma a causa de la pandemia de Covid llevó a las administraciones educativas a cerrar escuelas e institutos. No hubo clases en los colegios durante meses y la actividad docente se trasladó, no sin dificultad, a la esfera de lo virtual. Fue un reto que docente, familias y alumnos vivieron desde la intimidad de sus casas pero que no supuso una interrupción total de la relación entre estas tres patas de la comunidad educativa. Ni de los problemas.

Los conflictos en el aula se mantuvieron, si bien hubo menos casos a nivel general, según refleja el informe anual realizado por el sindicato ANPE, que cuenta con un servicio de Defensor del Profesor desde 2005. En estos tres lustros se ha atendido a 38.500 docentes a nivel nacional y los últimos datos invitan a reflexionar sobre cómo se ha abordado la virtualización de la enseñanza y el lado más áspero de la docencia online.En Andalucía, según el informe de la región, se atendió a 128 docentes. De este global andaluz, 27 de los casos fueron de profesores granadinos, que decidieron llevar las situaciones de conflicto con alumnos, familias o la propia Administración a ANPE. El dato granadino supone el 21% del total regional. Además, Granada fue la tercera provincia con más casos, por detrás de Sevilla y Málaga.

En contra de la tendencia general, en Granada aumentaron las consultas. El curso anterior, el 2018/2019, se reseñaron 19 peticiones de ayuda desde Granada, y en el 2017/2018 fueron 24.

El global regional apunta a que el mayor número de problemas se concentra en las etapas obligatorias. Un 38% en Primaria y un 42 en ESO. En Infantil apenas se dio un 6% de los casos, y en Bachillerato un 2%. Los datos de FP (3%), FP Básica (5%), Adultos (2%) y Régimen Especial (2%) también son muy bajos. En cuanto al género, la mayoría de los docentes que llevaron ante ANPE estas situaciones de acoso fueron mujeres (57,5%).

De los 128 casos registrados en Andalucía, un 39% tuvieron relación con el alumnado. Entre los motivos que alegaron los docentes hubo dificultades para dar clase (26%) y ciberacoso (16%), acoso (20%) e incluso agresiones al profesor (8%). En este punto, ANPE destaca que “cada vez se producen más casos de difusión en redes de vídeos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia”. “En un contexto en el que el profesorado ha sabido responder de forma efectiva y competente –al modelo de enseñanza virtual –comienzan a plantearse debates complejos sobre el derecho a la propia imagen, en los que existe un cierto vacío legal al respecto. En ese sentido, reclamamos una actualización de la normativa que salvaguarde los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado”, añade el sindicato.

En cuanto a los problemas relacionados con las familias (35% de los casos) ANPE apunta al “incremento notable en las acusaciones sin fundamento (25%), ciberacoso (20%) y las presiones para modificar notas (15%)”. “Es triste observar con qué facilidad algunos padres o madres de nuestros alumnos cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, desde la ignorancia de cualquier criterio psicopedagógico, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente”, apostilla el sindicato, que advierte que estas situaciones se han agravado con el confinamiento.El 26% de casos restantes tienen que ver con la relación entre compañeros, equipos directivos y la Administración.