Mariano Rajoy ya lo ha dejado claro en varias ocasiones durante la campaña electoral. Su partido (PP) no estuvo de acuerdo con el cambio de la ley -que tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional- y van a hacer todo lo posible por cambiarla por disconformidad principalmente con los puntos relativos a las menores.

Ante esta realidad, los profesionales y la propia Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ya advierte de que derogarla supondrá dejar desasistido a ese pequeño porcentaje de menores y, lo que es peor, que tengan que recurrir a la clandestinidad en clínicas o centros no autorizados que realizan prácticas ilegales para interrumpir su embarazo.

"De producirse un cambio en la norma dejaríamos de ofrecer a estas menores una salida posible, acorde con su situación. Estas mujeres podrían acabar recurriendo a métodos clandestinos e ilegales para interrumpir una gestación que no pueden comunicar a sus progenitores o tutores legales, por lo que desde ACAI reiteramos la necesidad de luchar contra el aborto clandestino en vez de desviar esfuerzos contra una norma que ofrece una salida jurídica a las mujeres de 16 y 17 años. Menores que además de afrontar un embarazo no deseado, se ven inmersas en una compleja situación social, familiar y personal", explica ACAI en su estudio sobre los abortos en menores de 16 y 17 años durante el primer año de vigor de la ley.

Y es que, de cambiar el texto, se dejaría de atender a ese pequeño porcentaje de menores de 16 y 17 años que por el nuevo articulado de la ley pueden abortar sin el consentimiento paterno y sin ni siquiera informar, en este último caso en situaciones de conflictos graves, violencia familiar, amenazas, coacciones, malos tratos y situaciones de desarraigo o desamparo.

Porque, según los datos, las menores de esa edad que deciden abortar están informando a sus padres y además acuden con ellos a la clínica como pasaba con la anterior norma. Sólo el 13% de las menores que este año han abortado en España no informaron a sus padres y lo hicieron alegando los motivos aceptados en la ley. Sólo 151 personas, que son las que quedarían en desamparo de cambiar el PP la ley.

Además, ACAI argumenta que "la mayoría parlamentaria que aprobó la ley fue la que procuró por cauces democráticos un cambio legislativo histórico que por primera vez entregaba a la mujer su derecho a decidir libre de tutelas, por tanto no es una mayoría a la que el PP pueda desoír".

Volver a la legislación anterior supondría también "regresar a las denuncias, las inspecciones políticas, la vulneración de la intimidad de miles de mujeres, algo que la sociedad española no debería permitirse a sí misma ni a sus mujeres", dicen en ACAI.