Distintas varas de medir los méritos de un aspirante

La Facultad de Derecho, el centro con mayor tradición de la Universidad, es desde hace unos meses un hervidero de rumores con una de sus últimas incorporaciones, la de Marta Morillas, hija del ex rector Lorenzo Morillas Cueva. La polémica ha salpicado a dos departamentos, Civil y Penal, cuyos moradores, a escasos cinco metros uno de otro, apoyaron un oscuro sistema de baremación.

El verano pasado se convocó una plaza de ayudante a tiempo completo en el área de Civil de la Facultad de Derecho, que salió a concurso en el BOJA. A dicho puesto se presentaron diez personas, entre ellas Marta Morillas, cuyo padre, el ex rector Lorenzo Morillas, es director del Departamento de Penal.

La aspirante, que fue excluida en un primer momento "por presentar su solicitud fuera de plazo", consiguió finalmente la plaza. La candidata con mejor currículum, Belén Casado Casado, actualmente enseñante de Derecho Civil en Málaga, presentó un recurso de alzada, pero tras meses de lucha el Gabinete Jurídico de la UGR falló a favor de Morillas.

La comisión evaluadora de esta contratación estaba integrada por siete miembros: el presidente, Gabriel Cardenete, los vocales Baldomero Oliver, Guillermo Orozco (director de tesis de Marta Morillas), Juan Miguel Ossorio, María Jesús López, María del Carmen García, como secretaria, y un sindicalista de CCOO. Todos se ratificaron en su elección de Morillas como la mejor cualificada para el puesto, con una salvedad: Ossorio presentó un escrito que decía que mantenía su voto "si los méritos alegados por Morillas eran ciertos".

Según el recurso de la aspirante Casado, la comisión aprobó unos criterios de valoración distintos a los estipulados en el Consejo de Gobierno de la UGR de julio de 2004, que regía las contrataciones en ese mandato y que dieron a Morillas un sorprendente 43,89 frente al 35,44 de Casado.

Un ejemplo: como Morillas aún no tenía la tesis, la comisión asignó "al título de Doctor un 2,5 frente a los 5 puntos que le concede el baremo general". En cambio, asignó a las tesis depositadas 2 puntos y 1,5 al proyecto de tesis aprobado, cuando esta puntuación no se recoge en el baremo general. Además, los méritos, tanto de docencia como de investigación, de Casado eran más acordes con la plaza (Civil, derecho privado) a la que optaba, mientras que buena parte de los de Morillas eran de otra área (Penal, que dirige su padre, derecho público).

En algunos apartados, como el destinado a "Otros Méritos", Morillas ganó 2,5 puntos por la "coordinación de un curso de verano que estaba previsto se celebrase con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes". Para colmo, algunos documentos presentados por Morillas no eran oficiales.

A la vista de estas alegaciones, además de Ossorio, presentó escrito Cardenete, presidente de la comisión, que explicaba que resulta "improcedente" utilizar el referido coeficiente de 1,5 puntos, además de señalar que "se hace caso omiso" al artículo 64 de la Ley Andaluza de Universidades. También Rodríguez Ocaña, sindicalista, en su escrito abogaba por aceptar la impugnación.

Pese a todo, el recurso fue rechazado, dejando abierta la vía de los tribunales de Justicia.