Las Viceconsejerías de Educación y Deporte y Salud y Familias han elaborado un nuevo protocolo de actuación de aplicación en los centros educativos –867 en la provincia de Granada– para saber qué hacer si se da el caso de que un escolar o un docente no usen mascarilla. Estas situaciones ya se han dado, de hecho, en Granada. En septiembre, Educación abrió un protocolo de absentismo, que posteriormente se cerró, por una menor que no llevaba esta protección facial. No podía acceder al colegio porque su familia, según indicó la Policía Local en su momento, no aportó la documentación médica que justificase el no emplear mascarilla. En cuanto al profesorado, desde la Consejería de Educación y Deportes se confirmó que dos docentes que ejercen en la provincia y un tercero que trabaja en Málaga tienen abiertos sendos expedientes disciplinarios con suspensión cautelar durante seis meses de empleo y sueldo. El motivo de esta medida ha sido la negativa por parte de estos profesores a usar mascarilla durante las clases. En uno de los centros los estudiantes eran atendidos por el profesorado de guardia mientras la docente se encontraba en otro espacio. 

“El documento acota algunas de las situaciones que teníamos”, explica el inspector de Educación Juan Ruiz Lucena. Este protocolo establece la posibilidad de llegar incluso a “medidas disciplinarias”. Fuentes de la Consejería de Educación indicaron a su vez que el documento permite dar “más garantías” a la hora de actuar por parte de las direcciones de los centros, y que el texto está motivado por la necesidad de aplicar las normas sanitarias en el ámbito educativo. Cabe recordar que los colegios e institutos se cerraron el 14 de marzo de 2020 y no se abrieron hasta septiembre para desarrollar un curso que comenzó con muchas dudas.

Educación explica que los dos casos de Granada no son los únicos. “Hay situaciones similares, pocas”, admiten. Ante esa realidad, los centros ya tienen un documento que les indica cómo actuar de forma más pautada. Hasta ahora los casos eran estudiados también por la inspección, pero la nueva documentación “da respuesta” a algunas de las dudas planteadas por los centros, añaden desde la Consejería.

En el caso de que sea un alumno el que no usa mascarilla, pueden darse dos circunstancias, bien que acredite que no puede emplearlas o que no sea así. Un escolar puede aportar una justificación médica. En este caso será la dirección del centro la que verifique la documentación presentada por el alumno. Si hay dudas, se puede pedir asesoramiento al equipo médico escolar del Equipo de Orientación Educativa de referencia del colegio, “en el caso de que cuente con el profesional correspondiente”. También puede aclarar sus dudas a través del personal de enfermería referente del centro docente, que podrá asesorarse en Atención Primaria.

Para los alumnos que acrediten que no pueden usar mascarilla se prevé incrementar la distancia interpersonal, ubicar al alumnado en un espacio del aula con buena ventilación, sin corrientes de aire “hacia el interior del aula”, aumentar la distancia con el resto del alumnado 1,5 metros –actualmente es de 1,20 metros y aumentar la limpieza de manos. Además, “se podrá valorar el uso de pantalla protectora por parte del alumnado con exención”.

En el caso de que no acrediten la imposibilidad de usar mascarilla, en el caso de los alumnos se procederá a la “aplicación de las medidas contempladas en los Planes de Convivencia” y en los Reglamentos de Organización y Funcionamiento. La aplicación “de las medidas correctoras o disciplinarias” se harán dentro del procedimiento habitual, “sin menoscabo de abrir el protocolo de absentismo”.

En el caso de los docentes, si justifican la exención se les facilitará reducir el número de clases a las que atiende, se aumentará la distancia con el alumnado o se valorará en uso de pantallas protectoras. En el caso de que no se acredite médicamente que no puede usar mascarilla, la dirección del centro “requerirá por escrito al profesorado o personal afectado conminándole a utilizar la mascarilla o, en su caso, presentar la documentación” necesaria en un plazo de dos días lectivos. Una vez pasado ese plazo, se dará traslado del caso al inspector de referencia del centro. Se iniciarán entonces las actuaciones pertinentes y se adoptarán “es su caso, las medidas disciplinarias que procedan”. Entre ellas puede estar la suspensión temporal.