Se hace llamar Eustaquio, aunque luego prefirió que lo llamáramos Iñaki, para acabar diciéndole José Antonio. Cada día tiene que ir junto a otro compañero, de nombre Iván, o José Manuel, o Pepe, a revisar posibles enganches ilegales al suministro eléctrico. Son técnicos de Endesa con nombre ficticio para preservar su identidad y que son los que dan la cara ante los vecinos, los que cada día se enfrentan ante situaciones incómodas, muchas veces amenazas, los que haciendo su trabajo se las tienen que ver con las mafias de tráfico de marihuana en la zona Norte de Granada. Y lo que "más preocupa", cómo se va extendiendo a otros municipios del Área Metropolitana e incluso más allá.

En un inmueble de uno de ellos, Iñaki y Pepe proceden a entrar en el cuarto de contadores. Se pertrechan con una chaqueta, aunque en la mayoría de ocasiones, según el lugar de la intervención, se protegen con equipos de protección individual, durante la pandemia muy conocidos como EPI. Guantes especiales para proteger las manos fabricados con materiales no conductores para evitar electrocuciones y a las primeras de cambio, primer enganche ilegal detectado: una de las cajas cede de la pared y los cables no discurren por el mecanismo que cuenta el consumo. Está como 'puenteado. En este caso no hacía ni falta colocar el medidor para detectar si los cables tienen tensión. Eso no tiene por qué significar que ese enganche ilícito vaya para alimentar un piso, una casa, o un garaje con marihuana. "Tenemos nuestras formas de saberlo". Pero no lo dicen.

Interior de un transformador en la zona Norte

Un millar de enganches

Granada sigue siendo uno de los puntos negros del tráfico de marihuana en España. Cada vez más se realizan intervenciones y operaciones, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, donde la escala de las plantas y sustancias estupefacientes incautadas tienen tal envergadura que necesitan de una infraestructura de gran empresa para distribuir la droga a nivel europeo e internacional. En lo que va de año se han realizado en la provincia 47 intervenciones de gran tamaño, de las cuales 16 han tenido lugar en la zona Norte de la capital.

En total, en esas operaciones, se revisaron un total de 1.232 suministros, de los cuales se derivaron 979 cortes de suministro eléctrico. Es decir, el fraude total alcanzaba una media del 79,46%. Es decir, apenas uno de cada cinco enganches a la red eléctrica en esas acciones era legal. En el caso de la capital, en concreto de la zona Norte, suponen el 40% de los cortes realizados a nivel provincial. En números reales, estas operaciones se saldaron con 400 de un total de 483 revisiones, el 82,81% de fraude al sistema eléctrico.

De todas estas intervenciones, el fraude se ha detectado en grandes operaciones llevadas a cabo juntos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Pinos Puente (7), donde se han producido las dos intervenciones con cortes por defraudación de mayor tamaño de 74 y 71, una el 18 de abril de este año y otra el 25 de mayo. Ha habido dos intervenciones a gran escala en Atarfe, Guadix, Huétor Tájar, Iznalloz, Loja, y Santa Fe, y una en Chauchina, Cogollos Vega, Colomera, Deifontes, Diezma, Jun, La Zubia, Montejícar, Motril, Pedro Martínez, Peligros y Vegas del Genil. Es decir, el problema del tráfico de marihuana se extiende ya por todas las comarcas de la provincia.

Medidas de seguridad

Iñaki y Pepe también se pertrechan bajo un casco, uno con visera protectora y el otro sin ella, además de con un pasamontañas. "De entrada vemos que aquí faltan contadores", dice Iñaki de un simple vistazo. El ojo experto apenas tarda en darse cuenta de que algo ahí no es normal. El contador está desmontado, desconectado de la centralización y la corriente que pasa por los contadores no es medida ni facturada, añade Iñaki mientras Pepe sostiene el cajetín. "En la zona en la que estamos, es habitual", prosigue el técnico de Endesa, aunque "el uso que le den a este lo desconocemos, pero cuando vamos acompañados de fuerzas de seguridad, sabemos que el uso es para marihuana".

A continuación proceden a comprobar la tensión y la carga. Comprueban, en efecto, que el enganche no pasa por el contador y lo fotografían para que conste en acta, que posteriormente rellenan y que tienen en el coche. Un vehículo, furgoneta o utilitario sin ningún tipo de distinción. La discreción es básica para los técnicos de Endesa al trabajar en zonas conflictivas, ya que no siempre pueden ir acompañados por agentes de policía o Guardia Civil. En este caso, para esta inspección, era así aunque Iñaki había avisado al jefe de la policía local del municipio en cuestión para que estuviera al tanto. "En la mayoría de las ocasiones son las fuerzas de seguridad las que nos requieren", abunda.

Comprobación de la tensión en un contador

Justo al lado del contador manipulado y con el "fraude ya anotado" otro cajetín levanta las sospechas de los técnicos. No tiene precinto y suele ser indicio de que algo no va bien. Repiten el procedimiento del anterior pero esta vez todo está en regla y el cajetín cuenta con corrección el consumo eléctrico del piso al que pertenece. "Sobre estos enganches no hay control. Ellos pueden conectar la carga que soporte el cable conductor y nuestras protecciones siempre suelen saltar por seguridad", explica Iñaki. 

Sin salir del mismo municipio, los técnicos llegan a otra propiedad. Ahora el cuarto de contadores está dentro de la cochera de una comunidad más grande y hay que entrar en ella. Lo cual no es fácil. A veces hay suerte y la puerta está abierta, en otras se aprovecha si sale algún vecino en su vehículo, o en los casos más sencillos basta con tocar el portero. Pero a veces no se tiene tanta suerte y hay que buscar al presidente de la comunidad para abrir.

Este cuarto de contadores es más tétrico, a pesar de que los edificios se ven modernos. La luz es tenue, como la que habría en un barracón, y las paredes del cuartillo ni siquiera están encaladas o enyesadas, directamente muestran el bloque de cemento con los contadores incrustados. Aquí hay más enganches ilegales y se ven "a simple vista", dicen. Aun así, comprueban con la pinza medidora, que da una medida de amperaje dos puntos por encima de un consumo normal. Algunos ni siquiera están en buen estado y los técnicos advierten: "No os acerquéis más que puede dar un fogonazo". La obsesión por la seguridad, tanto la policial como la laboral, es una constante.

Monitorización de datos

Este trabajo de los técnicos en la detección del fraude al fluido eléctrico es fundamental para la lucha contra la producción y tráfico de marihuana. Cada dato que recaba Endesa en una inspección se traslada a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que es quien en su labor de monitorización, organizan las grandes operaciones. "Se nutren de la información de Endesa, pero nos avisan apenas dos horas antes de cuando van a actuar", explican.

Y esto un día tras otro. Para Endesa, uno de los principales problemas reside en el código penal, muy laxo con penas "irrisorias", en palabras de quienes cada día trabajan frente a frente a los defraudadores y los traficantes. "Cada vez sufrimos más sabotajes". Las amenazas también son habituales. Y las condenas que se derivan en España de defraudar al fluido eléctrico es barata, sobre todo en comparación con otros países. Van de tres a un año en función de la cantidad defraudada, mientras que en Alemania llega a los cinco años de cárcel, en Italia oscila entre los seis meses y los tres años en prisión, similar a Francia, que además suma una multa de 45.000 euros, expone la compañía suministradora.

Iñaki y Pepe se van a descansar. Ya de madrugada tuvieron que trabajar en otra intervención para desconectar de la corriente unos enganches ilegales junto a la Policía Nacional. Se van aliviados. Es su trabajo, pero el hábito no hace la costumbre. Nadie se acostumbra a que su tarea diaria sea meterse en la boca del lobo sin ser policía.