Los trabajadores de los vertederos y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) -concesionaria del servicio de tratamiento de la basura- volvieron a plantear ayer sus reivindicaciones en el juicio por presunta huelga ilegal después de que el tribunal de la Sala de lo Social del TSJA decidiera aplazarlo el pasado día 3 de marzo al entender que la demanda de la empresa debía ir también dirigida contra el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur).

La acusación alegó la falta de legitimación del comité de empresa para convocar una huelga y denunció que no se agotó el procedimiento de mediación antes de convocar la huelga.

Sin embargo, para los letrados de los trabajadores, UGT y CCOO se trata de una huelga de un centro de trabajo que sólo afecta a un comité de empresa y, por tanto, no es un paro provincial que deba someterse a la mediación.

Por otro lado, el abogado de la acusación criticó que el comité de empresa "cada vez da una motivación" y quieren que se "les aplique uno u otro convenio según les interese". No obstante, la defensa resaltó que "el objeto del paro -que cumple hoy un mes- es la aplicación del convenio provincial y el mantenimiento de los derechos del de empresa.

Por su parte, el representante legal de Resur solicitó a los magistrados que se desestime la demanda para ellos, puesto que el organismo dependiente de la Diputación de Granada no tiene nada que ver en el conflicto laboral.

Mientras, los trabajadores que no asistieron al juicio continuaban su encierro en la sede de Diputación, iniciado el pasado jueves. Asimismo, el comité de empresa está planteando nuevas movilizaciones como "mecanismo de salida" ante el conflicto, según adelantó el responsable de Actividades Diversas de CCOO, Rafael Hueso, quien explicó que la empresa sólo ha enviado un escrito a Resur planteándole los costes del aumento para que sea la Asamblea provincial quien decida si los asume o no.