La Fiscalía de Granada ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa judicial que indagaba los supuestos delitos en la venta del edificio municipal de casa Agreda a una organización marroquí en 2014, con el exalcalde José Torres Hurtado y parte de la antigua cúpula de Urbanismo como investigados. Se opone al recurso presentado por la acusación popular contra el segundo auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado en febrero pasado. 

En un escrito fechado el 26 de agosto y que acaba de notificar el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, impulsor de esta causa, la fiscal que ha llevado el caso casi desde el origen se posiciona de nuevo a favor del archivo, como ya ocurrió en 2016, cuando el juez instructor dio el primer carpetazo a otro de los asuntos que en esos momentos pendía sobre el exalcalde de la ciudad, la exconcejal Isabel Nieto y otros altos cargos de Urbanismo.

La apertura del caso Agreda se produjeron justo después de las detenciones de la Operación Nazarí, la apertura de la macrocausa de supuesta corrupción municipal y el vuelco político en la ciudad tras la dimisión de Torres Hurtado. Aunque el asunto se judicializó por una querella de la Fiscalía, ésta instó el archivo apenas tres meses después y ha mantenido la misma postura hasta ahora. 

Tras el primer sobreseimiento provisional en otoño de 2016 dictado por el juez instructor, un recurso de la acusación del empresario Ramón Arenas dio lugar a que la Audiencia Provincia ordenara la reapertura del caso para continuar una serie de diligencias inconclusas. 

Una vez practicadas esas investigaciones, como la toma de nuevas declaraciones judiciales y un informe pericial sobre la tasación del edificio municipal, el juzgado (ahora con nuevo titular) ha dictado en febrero de este año un nuevo auto de archivo. Como en aquella ocasión, la acusación popular ha vuelto a recurrir, esta vez en solitario, dado que Vamos Granada (representada por el conocido exfiscal del Supremo Carlos Castresana) se retiró de la acusación tras las últimas elecciones municipales en las que no obtuvo representación en Granada. 

La Fiscalía acaba de presentar su escrito de oposición a ese recurso, en el que insiste en su apoyo al auto de archivo de la causa que investigaba las supuestas irregularidades en la venta del edificio histórico del Albaicín. Aunque la última prueba practicada, la tasación, puso de relieve ciertas discrepancias entre el precio real del inmueble y el que se estipuló para su venta (la acusación denuncia que se hizo en condiciones ventajosas para el comprador), así como diferencias en la tasación de los trabajos de rehabilitación que se estimaron para el contrato (el adquiriente tenía que hacer una serie de obras de mejora), la Fiscalía no aprecia que sean motivo suficiente para la imputación de delitos a los investigados. 

Es más, el propio procedimiento escogido para la adjudicación del inmueble (cesión del suelo con opción a compra), que se había puesto en tela de juicio, es para la Fiscalía "acorde a la normativa vigente" porque se permite incluso la cesión gratuita a entidades sin ánimo de lucro. Sobre la naturaleza de la organización compradora, tan cuestionada por las acusaciones populares en el procedimiento (llegaron a pedir que se investigara un posible blanqueo de capitales a través de la operación), la Fiscalía no hace referencia específica en su informe. 

Tampoco considera la fiscal que el viaje realizado por varios concejales del Ayuntamiento de Granada a Rabat con motivo de la Semana Hispano-Marroquí de la Amistad y Cooperación en 2015 pueda ser considerado un indicio delictivo, dado que la ley establece que para que haya tráfico de influencias es necesario que quede claro el beneficio obtenido por la otra parte en la supuesta compra de voluntades. 

El auto de sobreseimiento provisional fechado el 19 de febrero de este año expone que del examen de la amplia instrucción realizada y documental obrante, "no puede llegarse a otra conclusión que la del sobreseimiento y archivo", examinadas igualmente las alegaciones de las partes en sus escritos y el informe de la Fiscalía, solicitándolo igualmente.

La decisión final fue adoptada por el juez de Instrucción 4, en sustitución reglamentaria de la nueva titular del juzgado 9, dado que esta magistrada, procedente de la Audiencia Provincial, ya intervino en este caso para resolver los recursos planteados durante la fase de instrucción.