La Fiscalía de Granada ha pedido una condena de hasta seis años de cárcel para cada uno de los tres acusados de estafar de forma continuada a la Seguridad Social con tres empresas, motivo por el que además les pide una multa de 6,8 millones de euros.

Según consta en el escrito de acusación, los hechos se remontan al 9 de mayo de 2018, cuando los tres acusados, junto a un cuarto que está en paradero desconocido, idearon un plan para lucrarse supuestamente a costa de la Tesorería General de la Seguridad Social, logrando un enriquecimiento irregular.

De este modo, los cuatro son responsables de un entramado empresarial formado por tres sociedades limitadas, de las que una de ellas asumió en 2004 el traslado de los trabajadores de otra fundada a finales de los 80 y la asimilación de los costes de la seguridad social.

Otro de los procesados constituyó en 2011 una empresa que desarrollaba la misma actividad que la del otro acusado con la "ilícita finalidad" de dificultar y eludir las deudas contraídas con la Seguridad Social desde 2008, usando el dinero de las cuotas de cotización junto a la cuota obrera procedente de las nóminas de los trabajadores más la cuota empresarial para "autofinanciarse".

Ambas empresas generaron una deuda muy elevada con la Seguridad Social, mientras que en una tercera, fundada en 1998 por los acusados, se empleó a partir de 2013 para eludir las responsabilidades económicas de las dos primeras con los acreedores.

El fiscal considera que las tres empresas son una misma "cambiando únicamente el nombre" con la finalidad de no hacer frente a las deudas contraídas con sus acreedores, entre ellos la Seguridad Social.

Para ello el Ministerio Público incide en que la actividad es la misma, el comercio al por menor y al por mayor de carne y otros productos cárnicos; el domicilio es el mismo situado en las naves de un polígono industrial de Atarfe y que los acusados fueron los jefes de facto de las empresas.

La deuda total de las tres empresas, sumada a la propia de la persona física del acusado A.V.H. asciende a un importe total de 1,36 millones de euros a fecha de febrero de 2017.

Por todo ello, el fiscal considera a los procesados como presuntos autores de un delito continuado contra la Seguridad Social y pide imponer penas de seis años de cárcel a cada uno y una multa de 6.800.270 euros, así como la imposibilidad de obtener beneficios o incentivos fiscales durante siete años.

El juicio por estos hechos se desarrollará del 26 al 29 de octubre en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.