La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales un año y diez meses de prisión y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público contra el que fuera arquitecto municipal de Atarfe por un delito continuado de prevaricación en relación a unas parcelas.

Luis Gustavo G.C., que será juzgado a partir de este martes 19 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, se enfrenta de forma alternativa, por un delito continuado de prevaricación, a la misma petición de pena de inhabilitación.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, las mercantiles Torrelucena Sl y Díaz Naval SL son propietarias de siete parcelas de Atarfe, dentro de un plan parcial aprobado definitiva por su Ayuntamiento el 21 de diciembre de 2004.

Con posterioridad, mediante una resolución de Alcaldía, se procedió a la aprobación inicial del proyecto de urbanización, que fue aprobado luego de forma de definitiva previo informe favorable del entonces arquitecto municipal, el acusado Luis Gustavo G.C. en marzo de 2005.

En él se afirmaba que la recepción de las obras de urbanización estarían supeditadas, entre otra documentación, al informe favorable de la empresa suministradora de abastecimiento y saneamiento de aguas, Aguasvira.

Finalmente, se procedió a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en enero de 2018, mismo mes en el que tuvo lugar su inscripción en la Registro de la Propiedad, sin que en ese momento el suelo del sector industrial reuniera las redes de saneamiento y pluviales, circunstancias que deben darse según la ley a todo suelo urbano consolidado.

Ante la realidad de que las redes de saneamiento no estaban correctamente ejecutadas, las mercantiles solicitaron respuesta a la administración local, que emitió a través de su secretario un certificado en el que hacía constar la existencia de un informe del acusado sobre las condiciones urbanísticas de varias parcelas.

Afirmaba, en contra de distintos artículos de la LOUA, que los terrenos afectados están clasificados como suelo urbano consolidado sin que, sin embargo, en esa fecha se hubiera subsanado la falta de conexión de la red de saneamiento del sector a los sistemas generales.

A pesar de lo anterior, el entonces alcalde, Víctor Sánchez, concedió licencia municipal de obras, previo informe favorable del acusado, para la edificación de una nave industrial en la que se recogía, entre otros aspectos, que previo al inicio de las obras debería formalizar contrato de abastecimiento de agua potable.

En diciembre de 2008, Aguasvira emitió un informe en el que afirmaba que las redes de saneamiento y abastecimiento de la zona no estaban recepcionadas por la empresa suministradora.

A pesar de distintos informes emitidos por esa última empresa, para formalizar el acta de recepción provisional de la obra parcial, los interesados se reunieron con el alcalde y el acusado, quien omitiendo distintas exigencias legales, no impidió la emisión del acta de recepción provisional de las obras de urbanización.

No hizo mención alguna a la falta de conexión del sector con los sistemas generales de saneamiento de Atarfe ni a la consecuente falta de recepción de la urbanización por parte de Aguasvira, a pesar de ser dicho extremo conocido por la administración municipal y por el acusado, lo que contravenía disposiciones legales.

Posteriormente, el acusado llegó a remitir un informe que hacía constar que cualquier actuación edificatoria en las parcelas podían obtener distintas licencias municipales, a sabiendas de la ilegalidad de dicha recepción