Una residencia para estudiantes universitarios de 160 habitaciones, repartidas en un edificio de tres plantas, con aparcamiento, piscina y comedor, que el promotor García Arrabal y la Universidad de Granada (UGR) planificaron en el "estratégico" entorno de la zona Fórum, acaba de llegar a la Fiscalía Provincial de Granada, a través de una nueva denuncia contra los responsables de la gestión urbanística en la ciudad durante el gobierno del alcalde del PP José Torres Hurtado.

El 28 de octubre de 2014, en los últimos meses de su mandato, el exrector de la UGR Francisco González Lodeiro firmó un convenio con la promotora Inmobiliaria Hermanos García Arrabal, con el fin de facilitar la "construcción de un nuevo edificio de residencia", adecuado a las necesidades de sus estudiantes universitarios, en "un entorno único, estratégicamente situado, frente al Parque de las Ciencias (…) muy próximo al Palacio de Congresos, Fórum Caja Granada y otros centros...". Se trataba de una parcela, propiedad de esta empresa, ubicada en el Plan Parcial S1, entre la Urbanización Parque Lagos, el Parque Tico Medina y el edificio Fórum de Negocios. El problema fundamental es que se trataba de un suelo destinado a uso deportivo.

La construcción de una residencia en suelo deportivo requería cambios urbanísticos

Las contraprestaciones que obtenía la Universidad con este convenio eran unos descuentos para sus estudiantes del 10% sobre la tarifa de precios oficiales que estableciera el empresario privado. Pero sólo durante los dos primeros años desde la puesta en servicio.

Por el otro lado, la ventaja que el promotor obtendría del acuerdo era el aval de una institución como la UGR para conseguir del Ayuntamiento de Granada los cambios urbanísticos necesarios que le permitieran modificar las condiciones de una parcela que estaba destinada a la construcción de un gran equipamiento deportivo desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

La denuncia presentada hace unos días en Fiscalía por Ramón Arenas, el mismo empresario que denunció el caso Nazarí (la investigación de supuesta corrupción municipal que propició la detención del alcalde y un cambio de gobierno en la ciudad), expone que este convenio podría haber sido una maniobra del promotor y de los miembros de la "cúpula de Urbanismo" para, como en otros casos que se investigan ya en el Juzgado, "cambiar usos y edificabilidad de las parcelas provenientes de Roberto García Arrabal". Apunta posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público o malversación de caudales, sobre todo por la inacción de los responsables municipales.

El denunciante ha aportado a la Fiscalía el convenio firmado por el anterior rector y parte del expediente municipal de este proyecto, que ya fue aireado en parte por los vecinos de Parque Lagos, cuando se opusieron a algunos de los planes de este promotor en su zona. El mismo que construyó esos pisos y el edificio Fórum, tenía otras dos parcelas colindantes en las que ha trascendido que tenía varios proyectos no materializados al final, como un hotel de 25 plantas que negociaba directamente con la concejal Isabel Nieto y esta posible residencia de estudiantes. En ambos casos, el empresario habría tratado de modificar los usos obligatorios establecidos por el PGOU y la edificabilidad máxima permitida, según los documentos a los que ha tenido acceso GranadaHoy.

Los informes que constan en el expediente del Ayuntamiento arrojan dudas, incluso, sobre la legalidad de que García Arrabal pudiera haber comprado legalmente el solar destinado a equipamiento deportivo (en el que habría previsto hacer la residencia). Esta parcela era propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, que la sacó a la venta en 2004 con unas condiciones especiales recogidas en un pliego, dado que se trataba de un lugar destinado a equipamiento deportivo y, por tanto, tiene unas características diferentes a cualquier otro terreno. De hecho, durante aquellos años la Junta se oponía a que los ayuntamientos vendieran suelos de equipamiento, al considerarlos una especie de reserva. Por eso el municipio optó en la mayor parte de los casos por sacarlos a concesión administrativa durante una serie de años, para no perder su propiedad; pero no a la venta como en esta ocasión.

El comprador en 2005 fue la sociedad Comarex Desarrollos SL, que adquirió la parcela por 3,2 millones de euros, con la condición ineludible de ejecutar la instalación deportiva en los 12 meses siguientes a la adjudicación, según los pliegos.

Un año después, esa empresa revendió el solar a Inmobiliaria Hermanos García Arrabal SL y constan en el expediente informes que aportan dudas sobre la legalidad de esa transmisión, sin la autorización previa y expresa del propio Ayuntamiento de Granada. El propio promotor, en un escrito remitido a Urbanismo en 2015 admitía que el Ayuntamiento le había notificado en 2006 que "no autorizaba la transmisión de la parcela".

Pero años más tarde, entre 2014 y 2015, cuando se estaba fraguando el nuevo proyecto de García Arrabal en esos terrenos, esa traba quedó levantada de una forma indirecta. En un decreto de 16 de diciembre de 2014, en el que la concejal Isabel Nieto (a propuesta de la directora de Urbanismo) exigía al promotor que agilizara los trámites y presentara un proyecto para la licencia de obras en el plazo de un mes (dado que ya llevaba diez años de retraso sobre lo establecido en el pliego de condiciones de esa parcela), en realidad lo que quedó firmado fue el primer consentimiento tácito de un responsable municipal a que este promotor se subrogara en los derechos y obligaciones de Comarex (que hasta ese momento era el único propietario que legalmente había reconocido el Ayuntamiento).

El mismo García Arrabal se lo recordó unos meses después, cuando envió un escrito de contestación a ese plazo perentorio que le daban. Reconocía que hasta ese momento el Ayuntamiento había rechazado la transmisión, pero que ese decreto de Nieto "legitima completamente la actuación del propietario de la parcela".

Respecto al plazo de un mes, el empresario alegaba que "las circunstancias económicas durante esta fecha han sido muy diferentes, lo cual hace muy complicada la puesta en marcha del proyecto previsto y procede su adaptación a las nuevas necesidades del mercado". Por eso pedía una ampliación del plazo de solicitud de licencia y además se barajaron soluciones alternativas a ese equipamiento deportivo, como podría ser la residencia universitaria, aunque no la mencionaba expresamente aún.

Los vecinos del Parque Lagos empezaron a interesarse por los proyectos de García Arrabal en esas parcelas que estaban destinadas en el PGOU a albergar equipamientos públicos. Pidieron documentos, reuniones, información y llegaron a reclamar al Ayuntamiento que revertiera el proceso de venta del solar deportivo ya que se habrían incumplido varias de las condiciones, como el plazo de ejecución o la reventa a otra empresa sin autorización previa.

Los archivos encontrados por la Policía en los registros practicados en el caso Nazarí han puesto de relieve recientemente algunas conversaciones privadas, vía correo electrónico o por whatsapp, entre la concejal Isabel Nieto y el promotor García Arrabal, en las que hablaban sobre estos proyectos y las protestas vecinales de un modo poco ortodoxo.

En marzo de 2015, Nieto respondió a través del teléfono móvil al empresario: "Ni asociaciones de vecinos ni leches. Ese tío es un delincuente. Se cree don Vito en su barrio. A la mierda directamente" (en referencia al presidente vecinal). Y vuelve a incidir más adelante: "En cuanto al pequeño dictador, dile que sí a todo y luego haz lo que te dé la gana", en relación a ese edificio proyectado cerca del Fórum de negocios.

Las circunstancias externas parecían poco propicias para la iniciativa en aquel lugar, a pesar de las palabras de apoyo de la responsable política. Este proyecto de García Arrabal de hacer una residencia universitaria, con convenio de la UGR incluido, tenía otra réplica en paralelo en otros terrenos de uso deportivo del Campus de la Salud, donde finalmente pareció tomar más fuerza la iniciativa. El solar está junto al complejo de investigación (IMUD) que la Universidad levantó sobre terrenos comprados al mismo promotor. Algunos técnicos municipales negaron la compatibilidad de usos, la oposición municipal empezó a preocuparse por el asunto y a pedir explicaciones, y además estalló la operación y el caso judicial Nazarí, donde la tramitación de esa residencia y la construcción del centro universitario es una de las operaciones urbanísticas investigadas.