La Fiscalía de Granada ha solicitado una condena de tres años y tres meses de cárcel para el ex presidente del partido VOX en Granada Ignacio Nogueras como presunto autor de dos delitos de apropiación indebida y de estafa en la gestión y administración de una empresa.

Según el primero de los escritos de acusación del Ministerio Público, una sociedad contrató a finales de 2013 los servicios de la empresa ahora acusada (Auriga Consultoría y Proyectos SL), de la que Nogueras era representante legal y administrador. La empresa, y particularmente el procesado, se encargaban de todas las gestiones relativas a la contabilidad, nóminas, seguros sociales y declaraciones fiscales de la sociedad que había contratado sus servicios.

Los hechos por los que está acusado corresponden a los años 2013 y 2017

Fue entonces cuando el acusado, amparándose en la confianza depositada en él y de su cargo, y supuestamente movido por un "evidente y manifiesto propósito de enriquecerse" económicamente de forma injusta y en detrimento de la empresa, transfirió a la cuenta de la otra sociedad 2.684,51 euros de los 3.192,81 correspondientes a una devolución positiva del IVA. El mismo proceder se intentó dar en la declaración de otro impuesto similar por importe de 2.314,16 euros, de modo que trató de desviar la devolución de este dinero, si bien la empresa se había percatado y cambió la cuenta bancaria.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen la presunta comisión de un delito continuado de estafa por el que solicita la condena de dos años y tres meses como persona física al procesado y para la sociedad Auriga, como persona jurídica, una multa de 8.053 euros. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo 23 de octubre en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

Nogueras tendrá que enfrentarse también el 31 de octubre a la acusación de un delito de apropiación indebida por el que la Fiscalía le solicita una condena de un año de prisión. En este caso, el Ministerio relata que cuando era gerente y administrador de Auriga y, contratado por otra empresa cuyo administrador único era el denunciante, tuvo acceso a cuenta bancaria durante tres meses.

El 2 de mayo de 2017, con cargo a esta cuenta, ordenó en su beneficio una transferencia de 2.500 euros en beneficio de una cuenta particular en concepto y a cuenta de una supuesta factura que no respondía realmente a trabajo realizado, dado que la sociedad denunciante estaba inactiva desde poco menos de un año antes.