Derecho para todos

Formar o reformar: la justicia a debate

  • La reforma para acabar con la diferenciación entre abuso y agresión sexual genera dudas entre los profesionales, que en todo caso apuestan porque la ley se aplique con la sensibilidad necesaria

Lo publicaba el pasado lunes Granada Hoy. La Audiencia de Granada absolvió en 2016 a un individuo denunciado por tocar el trasero a varias mujeres en las escaleras mecánicas del centro comercial Serrallo Plaza. A pesar de que los hechos quedaron probados en juicio, el Tribunal entendió que no quedó acreditado el deseo sexual del acusado. Dos años después, el caso ha recobrado actualidad en medio de la ola de indignación desatada tras la Sentencia a La Manada. El clamor popular contra el dictamen de la Audiencia de Navarra ha removido conciencias en la calles y también en los juzgados.

En el centro del debate, se sitúa la regulación y la interpretación misma de los delitos contra la libertad sexual en todas sus formas. Para algunos, el proceso iniciado en Pamplona hace ahora 3 años ha evidenciado la falta de sensibilidad del sistema judicial con las mujeres víctimas de violación. Para otros, el dictamen se está utilizado de manera interesada para debilitar al Poder judicial.

Para otros, la reciente sentencia de La Manada se está usando para debilitar el Poder Judicial

Alberto del Águila, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía oriental, reconoce que él y sus compañeros están viviendo con preocupación los acontecimientos de los últimos meses. "Hemos visto cómo la opinión pública y los políticos han atacado al Tribunal sin tener en cuenta que ha seguido la jurisprudencia vigente. Se ha sentado un precedente contra la independencia judicial y eso es muy peligroso", argumenta.

Montse Linares, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), comparte la idea de que las resoluciones están para ser respetadas y acatadas. Aún así defiende que pueden ser criticadas, especialmente si son injustas. De lo contrario, "no podríamos avanzar". Linares lleva años defendiendo a víctimas de violencia de género. Para ella, el principal problema es que no es un caso aislado: "las mujeres acuden hoy por hoy a los juzgados pensando que nadie las va a creer" independientemente del delito que denuncien. Linares apunta a la aplicación defectuosa del Código Penal: "los jueces no tienen formación ni perspectiva de género suficientes para dar a las mujeres una protección efectiva".

El pasado martes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que el Ejecutivo impulsará una reforma integral para acabar con la diferenciación entre abuso y agresión sexual. El ejecutivo pretende que se considere violación toda relación sexual que no cuente con el "sí explícito" de la mujer.

Alberto del Águila ve con escepticismo el encaje de la reforma en el proceso penal actual. A falta de más detalles sobre cómo se llevaría a cabo, el portavoz de la APM cree que la aplicación del consentimiento explícito conllevaría una eventual inversión de la carga de la prueba. Es decir, el acusado podría verse obligado a demostrar que no cometió el delito. El cambio, según explica, acabaría afectando al principio de presunción de inocencia establecido por la Constitución. "No digo que la reforma no sea posible, pero está claro que va a requerir de muchos consensos y de mucha labor interpretativa", concluye.

A Montse Linares tampoco le convence la propuesta. Se declara más partidaria "de formar que de reformar", pero opina que "se ha llegado a un punto en el que no hay otro remedio que alterar las garantías constitucionales si realmente se pretende proteger a las mujeres. Son sus derechos los que están siendo vulnerados. Derechos de primer orden como su integridad física, psíquica, moral y sexual". En ese sentido, ve fundamental que la futura reforma vaya más allá de un simple cambio normativo: "de nada servirá que la ley se modifique si se sigue aplicando sin la sensibilidadad y la formación adecuadas".

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