El Ayuntamiento de Granada tendrá que compensar a la empresa Estacionamiento y Servicios SAU, adjudicataria de la concesión del servicio de los establecimientos limitados y controlados (zona ORA) y de la grúa, con más de 571.000 euros. Un restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor de la mercantil que aprobó la Junta de Gobierno Local en el mes de marzo. El motivo: que durante 1.129 días tuvo 912 plazas menos de zona azul de las fijadas en el contrato ya que no fue hasta el 6 de julio del 2022 cuando se ampliaron las plazas tras un intento frustrado por las protestas vecinales.

Esta empresa resultó adjudicataria de la concesión de este servicio público en noviembre de 2018, formalizándose el contrato administrativo en marzo de 2019. En noviembre de 2020, la empresa (EYSA) presentó una solicitud al Ayuntamiento en la que exponía que según los pliegos, "como contraprestación por la utilización de las vías públicas que el Ayuntamiento pone a disposición para la prestación del servicio se abonará un canon mínimo anual del 2% del coste del servicio que podrá ser mejorado al alza por los licitadores”. La oferta de la empresa fijó un canon anual de 635.473,69 euros. Además, indicaba que el número total de plazas consideradas para el servicio de estacionamiento limitado (zona ORA) era de 3.135, de las cuales 264 plazas son compartidas con carga y descarga. 

"Desde el inicio del contrato, este Ayuntamiento ha girado el importe total del canon concesional previsto en el contrato, a pesar de que no ha puesto a mi disposición las plazas previstas en el contrato", indicaba la empresa, que estaba pagando por el total de plazas sin tenerlas a razón de 272.548,33 euros mensuales.

Pero por parte del Ayuntamiento no se pusieron a disposición del servicio las 3.135 plazas previstas, para lo que tenían que aumentar la zona azul a calles que originalmente no estaban reguladas con este sistema dentro de la Ordenanza de Vías de Estacionamiento Limitado. El número de plazas reguladas con anterioridad al inicio del contrato ascendía a 2.116, número que se determina descontando del total de plazas consideradas (3.135), el número de plazas para aquellas calles no incluidas hasta entonces en el ámbito del servicio (1.019). "El Ayuntamiento incumplió su obligación de adecuar la normativa aplicable para extender" las plazas, por lo que en el momento en que comenzó la prestación del servicio, había un 32% menos de plazas.

Un plan con quejas vecinales que no se implantó hasta 2022

En julio de 2020, el entonces concejal de Movilidad César Díaz (PP) emitió un decreto en el que ordenaba aprobar la inclusión de nuevas calles en el sistema ORA para llegar a las 3.135 en cumplimiento del contrato, precisamente para evitar reclamaciones. La empresa inició las obras de implantación de los nuevos parquímetros, señalización vertical y de pintura de las nuevas plazas de estacionamiento limitado, lo que constituyó una "elevadísima inversión" que sufragó a su costa. Pero las protestas vecinales hicieron que esa ampliación de la zona azul no se llevara a cabo, paralizándose la orden por parte del Ayuntamiento (decisión de Cs, que tenía en ese momento la Alcaldía), por lo que seguían faltando plazas a la empresa. Hasta julio de 2022, ya con la concejal Raquel Ruz (PSOE) en el área de Movilidad, no se cumplimentaron las plazas. 

Por este retraso, la empresa denunció que ha contado con casi un 33% de plazas menos, lo que ha tenido una "evidente y directa repercusión en la recaudación del servicio", además de haberle liquidado el Ayuntamiento el canon por un número de plazas totales que no eran reales. Una situación que llevó a la empresa a una situación económica "insostenible". Según sus cálculos, hasta noviembre de 2020 dejaron de percibir 379.564,21 euros, IVA incluido. Por eso reclamaban al Ayuntamiento dicho importe por los daños causadas como consecuencia de la reducción de la recaudación producida por la falta de disposición de la totalidad de las plazas previstas. Además, subsidiariamente pedía una indemnización por los daños y perjuicios causados.

El Ayuntamiento acepta el restablecimiento económico

Tras este escrito, la Dirección General de Movilidad emitió informe en febrero de 2020 poniendo de manifiesto dos situaciones acontecidas durante la ejecución del contrato: el no ampliar las plazas previstas inicialmente, reconociendo un déficit del 29% de las plazas fijadas en el contrato, que no se implantó el incremento por movilizaciones y protestas ciudadanas; y los importes de las tasas recaudadas mensualmente, reconociendo que en el año 2019, desde el inicio del contrato a mediados del mes de marzo y hasta final de diciembre, no se equilibraron los costes del servicio con los ingresos en cinco mensualidades (tres de ellas pertenecen al periodo estival), lo que supuso una disminución por importe total de 150.455,28€. En el año 2020, hasta el 30 de septiembre, y sin contar con el tiempo que estuvo suspendido el contrato en la parte del estacionamiento limitado por la pandemia, la recaudación no alcanzó el coste previsto en otras cinco mensualidades, de las que tres corresponden al periodo estival, lo que generó una disminución por importe de 228.856,19. Por tanto, el déficit generado hasta el 30 de septiembre de 2020 debido a que no se han ampliado las plazas de rotación hasta el total señalado por el contrato asciende a 379.311,47 euros.

La Junta de Gobierno Local en julio de 2021 reconoció el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato a EYSA por la suspensión del contrato de concesión del servicio público de los estacionamientos limitados y controlados, y de la inmovilización y retirada de vehículos de las vías públicas en el término municipal de Granada por la pandemia, ampliando el periodo de duración de la misma en 77 días, con lo que el contrato finalizará el 3 de junio de 2024, sin perjuicio de que puedan aprobarse las prórrogas que contractualmente procedan.

En orden a determinar el importe económico que ha supuesto esa falta de disposición de las plazas derotación comprometidas se solicitó informe a la Técnico Superior Economista adscrita a la CoordinaciónGeneral de Economía, que se emitió el 13 de enero de 2023, que recogía que la ampliación de plazas hasta el número recogido por el pliego culminó el 6 de julio de 2022, fecha a partir de la cual se cumplen las condiciones del contrato. Por tanto, el periodo en el que el número de plazas de estacionamiento ha sido menor al del establecido inicialmente en el contrato ha sido del 19 de marzo de 2019 al 06 de julio de 2022 teniendo en cuenta que ha habido un periodo de suspensión del contrato por el COVID19 de 77 días (del 16 de marzo de 2020 al 01 de junio de 2020): 1206 días menos 77 de suspensión, un total de 1.129 días.

Según el canon por día, la empresa ha estado pagando 1.741 euros por las plazas previstas en el contrato cuando debería haber pagado 1.234. Esa diferencia "entre lo cobrado por el Ayuntamiento de Granada y lo que la concesionaria debería haber pagado en concepto de canon por el periodo en el que el número de plazas de estacionamiento ha sido menor al establecido en el contrato es de 571.815,92 euros", por lo que se propone un reequilibrio económico del contrato a favor de la concesionaria por cuantía de 571.815,92 €, a realizar mediante la disminución del canon a satisfacer al Ayuntamiento.

Los servicios económicos, por tanto, reconocen un período de 1.129 días en los que el número deplazas puestas a disposición de la concesionaria ha sido inferior al comprometido en la documentacióncontractual, en concreto, desde el inicio del contrato y hasta el 06 de julio de 2022 no se pusieron adisposición de la concesionaria 912 plazas de rotación, lo que determina un derecho de la concesionaria alreequilibrio económico del contrato a su favor en un importe de 571.815,92 euros.

La concesionaria también solicitaba daños y perjuicios por las obras que hizo para ampliar las plazas que luego tuvo que restituir tras anularse la expansión.

Como modo de compensación se aprobó la disminución de la cuantía del canon a ingresar mensualmente por el contratista hasta que se cubra la suma de 571.815,92 euros, momento en que se restablecerá el cobro de la integridad del canon contractual fijado en la licitación.