¿Cuánto cuesta el servicio de transporte urbano de Granada al año? ¿Cuánto paga el Ayuntamiento? ¿Cómo varían los kilómetros realizados por los autobuses? Al ser un servicio con gestión indirecta, la empresa concesionaria presenta cada año una liquidación de costes en la que se detalla lo abonado por la empresa por el servicio y lo facturado al Ayuntamiento respecto a la previsión del mismo. Y en el último expediente, correspondiente a 2020, sale a devolver para la empresa, aunque no tanto como había solicitado ya que el Consistorio ha detraído de la cuenta del último año más de 400.000 euros por lo que considera facturas no imputables al Ayuntamiento principalmente por un concepto: el de alquiler de las nuevas instalaciones, los terrenos a los que se mudaron en 2015 y que supone un asunto a examinar por el Ayuntamiento al existir diferencia de criterios.

De hecho, en la Junta de Gobierno Local del 27 de mayo se aprobó la liquidación del ejercicio 2020 pero con esas correcciones y se aprobó "iniciar, en procedimientos diferenciados del presente, la revisión de los expedientes de liquidación del coste del servicio de transporte urbano de Granada correspondientes a los años anteriores, los cuales serían anulables por infracción del ordenamiento jurídico". Las tres anualidades anteriores.

Según el documento sometido a la Junta de Gobierno Local, se aprueba una liquidación del ejercicio 2020 según las facturas presentadas por la empresa de 1.174.123 euros a favor de la concesionaria, una cantidad inferior a la solicitada por Rober, que era de 1.576.531 euros. La reducción se debe a que la capital ha detraído de la liquidación 402.408 euros (371.740 euros más el 8,25% de beneficio industrial). El motivo es que se habían presentado facturas que los servicios municipales consideran que no son imputables al Ayuntamiento en diferentes conceptos.

La liquidación queda con el coste total del servicio en 2020 fue de 34,1 millones de euros (incluido el beneficio industrial), que los ingresos totales fueron 9,4 millones, que hubo 23,4 millones de ingresos a cuenta de la anualidad y que el resultado de la liquidación es de 1,1 millones a favor de la concesionaria. 

Diferencias en los costes del arrendamiento de las nuevas cocheras

El principal problema son los costes de arrendamientos, el alquiler por los espacios que utiliza tanto Rober como Alhambra Bus y Herederos de Gómez. Un concepto que el Ayuntamiento considera que se está facturando de forma errónea y de hecho va a iniciar la revisión de liquidaciones anteriores por si hay que anularlas.

La documentación detalla que en alquileres se pagan (Transportes Rober, Alhambra Bus y Herederos de Gómez) 367.621 euros al año por el alquiler de seis fincas en siete facturas-tipo (hay dos fincas con dos titulares que cada uno emite factura independiente). De ese total, 330.654 corresponden a facturas de Transportes Rober, de las que el 77% se hacen a través de la empresa Monoplán 89 SL. El 100% de las facturas de Alhambra Bus y Herederos de Gómez en arrendamientos se hacen también a través de Monoplán, por lo que del global facturado en arrendamientos, el 79,8% se hace a través de esta empresa, del grupo Rober. 

Monoplán 89 SL factura al Ayuntamiento en concepto de Nuevas Instalaciones de Rober, Alhambra Bus y Herederos de Gómez 293.671 euros. En total por las siete fincas se pasan facturas de 28.024 euros al mes.

Estas nuevas instalaciones son a las que se trasladaron en 2015 desde la Avenida de Dílar en el Zaidín a la Avenida de Andalucía. Según el documento municipal, en las antiguas cocheras tenían 8.450 metros cuadrados y ahora tienen 31.650 metros cuadrados cuando el número de coches del servicio es similar, por lo que se entiende que "el servicio podría prestarse" con unas instalaciones menores, similares a las de antes de 2015, pero con un ligero incremento por la forma de la parcela, de forma que podría prestarse el servicio con el local de la Acera del Darro y la parcela de la Avenida de Andalucía de 14.470 metros cuadrados, un 122% más que el anterior espacio, y al mismo precio actual de 1,19 euros al mes el metro cuadrado. Con esto, Monoplán facturaría 17.356 euros al mes a las tres empresas entendiendo que los conceptos son de las parcelas de Juncaril (8.100 metros cuadrados) junto a la de Avenida de Andalucía (14.470). El arrendamiento global de las tres empresas sería entre el local de Acera del Darro y las nuevas instalaciones de 214.488 euros al año, 153.133 euros menos a lo facturado ahora, por lo que el Ayuntamiento entiende que el resto es una cantidad no imputable al Consistorio y sería a detraer dentro de los gastos generales de 2020. 

No obstante, en 2019 se aceptó una alegación de la empresa para una superficie de 23.352 metros cuadrados porque antes la flota aparcaba en los alrededores en la vía pública. 

Nuevas instalaciones de Rober

Monoplán 89 no es la propietaria de la finca "nuevas instalaciones de Rober" sino que es arrendataria. La arrendadora es Edimo SL (Molina Olea) y Monoplán lo subarrenda frente a Rober, Alhambra Bus y Herederos de Gómez. Y la capital ha detectado 147.335 euros de sobrecoste no imputable al Ayuntamiento.

También considera no imputable otras facturas de mantenimiento de las fincas, que considera que corresponde al arrendador (por 15.454 euros) y 87.416 euros de servicios profesionales independientes que incluyen asesoramiento profesional para la gestión interna, "algunos casos contrarios a los intereses del Ayuntamiento", por lo que considera que tampoco son imputables al Ayuntamiento.

Revisión de expedientes de 2017 a 2019

Por todo esto, el Ayuntamiento considera que para la liquidación de costes de 2020 tiene que detraer 371.740 euros (402.408 sumando el beneficio industrial) y además iniciar el expediente de devolución y/o compensación con la concesionaria por diferencias en mensualidades abonadas por Monoplán a Edimo SL frente a las repercutidas al Ayuntamiento por 896.704 euros (beneficio industrial incluido) de la segunda mitad de 2014 y los ejercicios completos de 2015 a 2019.

De hecho, aprueba "iniciar, en procedimientos diferenciados del presente, la revisión de los expedientes deliquidación del coste del servicio de transporte urbano de Granada correspondientes a los años anteriores, los cuales serían anulables por infracción del ordenamiento jurídico".

En la fiscalización realizada por los servicios municipales, que se incluye en el expediente, se comprobó que Monoplán 89 arrendó una finca de 15.000 metros en Pago de los Montones que a su vez se subarrienda por esta misma a Transportes Rober S.A, que factura sin embargo al Ayuntamiento una cantidad muy superior. Ambas empresas (Monoplan 89 S.L y Transportes Rober S.A) pertenecen al mismo grupo empresarial y ante esos hechos, el Ayuntamiento pidió explicaciones a la concesionaria, que dijo que "el aumento de coste repercutido al Ayuntamiento era debido a las obras que hubo que hacerse en la finca para adecuarla para la prestación del servicio".

En diciembre de 2021 se pidió a la empresa la documentación para acreditar en qué consistió esa adecuación y que aportara facturas. La empresa formuló las alegaciones pertinentes aportando la documentación que estimó oportuna, como la copia del contrato referido al arrendamiento de la finca en el pago de “Los Montones” arrendada a la mercantil Monoplán 89 S.L., así como la relación rotulada “Gastos obra adecuación Naves Granada”. En dicha documentación no se aportan, advierte el Ayuntamiento, las facturas que le fueron requeridas como justificante de la adecuación de las instalaciones.

En marzo de 2022 Contratación y Asesoría Jurídica del Ayuntamiento emitieron informe que concluían que corresponde a Movilidad efectuar la fiscalización de los gastos imputables al servicio y que se incumple una cláusula de la concesión que dice que el concesionario está obligado a informar al Ayuntamiento, que tiene que aprobar el proyecto de instalación del parque, cochera y talleres del material móvil y que todas las construcciones que sean necesarias para dotar de parques y talleres a la concesión formaran parte de ella y sobre las mismas ejercerá el derecho de inspección. 

En abril de 2022 otro informe municipal propone la revisión de los expedientes de 2017, 2018 y 2019. 

Decisiones unilaterales de la empresa

Ya en 2020 Contratación advirtió que fue decisión "unilateral" del concesionario imputar el arrendamiento de una parcela que pasa de la anterior de 8.450 metros cuadrados a los actuales de 31.650 metros. "Ninguno de tales gastos han sido consensuados con el Ayuntamiento de Granada, conforme a las estipulaciones de la modificación concesional, cláusula 5.4., por lo que no pueden admitirse, pero más aún, el consenso debe partir de la necesaria imputación a la concesión, partiendo de una fiscalización municipal que determine no sólo tal criterio sino su justificación proporcionada al servicio que se desarrolla". De lo contrario, "el contrato quedaría al albur de una de las partes, nada menos, además, que un contrato de concesión, con la incertidumbre de “adivinar” qué nuevos gastos -reales- pueden ser imputados a la concesión, sino obviando la anuencia de la Administración tutelante del servicio".

Se considera que no es admisible pretender imputar los costes generados por la adecuación de los terrenos subarrendados al Ayuntamiento sin la pertinente reversión que es, precisamente, "imposible tratándose de un arrendamiento".  "Desde esta consideración parece razonable no sólo no imputar el sobrecoste a los costes totales del servicio sino exigir que dicho sobrecoste no se produzca en el futuro por no tener este Ayuntamiento derecho a la reversión".

Una herencia del contrato de la extinta LAC

Según ha explicado la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, el cambio y los problemas en las liquidaciones llegaron con la implantación de la LAC, para lo que el PP cambió el contrato "y todo era imputable al Ayuntamiento", lo que califica de "barbaridad". De hecho, esto ha sido el motivo de numerosas diferencias entre el Ayuntamiento con el PSOE y la empresa judicializando normalmente las liquidaciones. De hecho, intuyen que la empresa ahora volverá a recurrir esta decisión municipal de reducir la liquidación de 2020.  "Somos muy exhaustivos y el contrato desde tiempos de la LAC no tiene ni pies ni cabeza", por lo que espera que se solucione para la nueva concesión y se acoten mucho más los conceptos imputables al Ayuntamiento.