Granada

Griñán ensalza el papel del Consultivo en la leyes de autonomía local y participación

  • Cano Bueso aboga por una "urgente modificación legislativa" para evitar que la Administración Pública se convierta en aseguradora universal de todos los infortunios de los ciudadanos

La labor del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano al que acuden Junta, ayuntamientos y universidades para consultar sobre la legalidad de sus actos y decisiones, fue el año pasado especialmente relevante, al haberse dado en 2009 una mayor intensidad normativa e institucional. Así lo puso de relieve ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante el discurso que ofreció en el Palacio de Bibataubín con motivo de la presentación de la memoria del órgano en su flamante sede. Allí, ante un atento auditorio, destacó en especial la "indudable trascendencia" de los dictámenes emitidos por el Consultivo en relación con "el desarrollo normativo de la autonomía local y las competencias estatutarias de la comunidad".

Para Griñán, las nuevas leyes de Autonomía Local y de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, aprobadas por el Parlamento y que fueron evaluadas el año pasado por el Consultivo, son "las de mayor relevancia institucional" de las impulsadas en 2009 y suponen un enorme avance, en tanto que se trata de "las leyes más protectoras de la autonomía local de la historia constitucional de España".

En este contexto, explicó que la ley de autonomía "es un blindaje competencial novedoso" que define claramente las funciones propias de los ayuntamientos y entiende sus competencias como derechos, mientras que la ley de participación "establece que donde haya competencia tiene que estar resuelta la asignación de recursos", lo que supone por tanto, un modelo estable para los ayuntamientos con objetivos bien definidos y criterios de reparto claros.

"Quiero dejar constancia hoy, aquí, en la sede de este órgano, que la aportación del Consejo Consultivo en el trazado y desarrollo de esta legislación ha sido especialmente importante", expresó Griñán, recordando la importancia que tiene este órgano, como "garante de la legalidad", en el desarrollo del Estatuto de Autonomía.

No se olvidó el presidente del Gobierno andaluz de aludir, nada más empezar su disertación, a la crisis y a cómo ha condicionado el comportamiento de las administraciones. "Afrontar la crisis ha supuesto la aplicación de nuevas medidas y la movilización de recursos para combatirla. Y en el este nuevo escenario -agregó Griñán- el papel del Consejo ha sido fundamental" también, tanto para orientar esa nuevas medidas en el ámbito jurídico y legal como para reforzar las garantías de los derechos ciudadanos.

Para evitar que vuelva a producirse una nueva crisis de esta naturaleza, el presidente apostó por "una reorientación del modelo" económico, en la que se sitúe a la persona, "al factor trabajo", en la base de apoyo del nuevo modelo, en el que además el Estado "ha de mantener un protagonismo para ser el garante de la educación, el que potencia la innovación y el conocimiento".

La Junta, al igual que ocurrió en años anteriores, volvió a ser en 2009 la administración que solicitó más dictámenes al Consejo Consultivo. Por materias, la lista la encabeza la responsabilidad patrimonial (reclamaciones de indemnizaciones por el funcionamiento de los servicios públicos, como puede ser la caída de un viandante en una zona de obras mal asegurada y señalizada), seguida de la contratación administrativa y la revisión de oficio.

Por eso, durante su intervención, el presidente del órgano, Juan Cano Bueso, tras agradecer tanto al presidente de la Diputación como a la Junta los esfuerzos para ubicar el órgano en la nueva sede recién rehabilitada, se refirió al elevado número de dictámenes relativos a la responsabilidad patrimonial. Éstos constituyen, como resaltó, más del 50 por ciento del conjunto de dictámenes emitidos a solicitud de todo tipo de administraciones, por lo que abogó por "una urgente modificación legislativa" para evitar convertir a la Administración Pública en "aseguradora universal" de todos los infortunios de particulares. A su juicio, hay que propiciar que cuando la administración tenga que reparar los daños a un ciudadano esa reparación económica se produzca "en términos de legalidad, ciertamente, pero también con atención a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad".

Con el acto de ayer quedó oficialmente inaugurada la nueva sede del Consultivo, que hasta ahora tenía sus oficinas en la calle San Matías. La cita acudieron numerosos representantes de los ámbitos político, económico y social de Granada.

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