Pese a que desde la Consejería de Educación se ha echado el freno en los últimos días a la posibilidad de que se eliminen las enseñanzas de primero y segundo de Secundaria de 52 colegios rurales de Granada, los argumentos ofrecidos por el delegado territorial, Antonio Jesús Castillo, para explicar la necesidad de este cambio levantaron de inmediato las críticas de distintos sectores de la comunidad educativa. Primero fue el propio consejero, Javier Imbroda, quien apuntó a un error en las formas. Si la afirmación de que los alumnos de estos centros, denominados Semi D, salen peor preparados hizo que los sindicatos levantaran la voz en favor de la profesionalidad de los maestros, también desde la Inspección educativa en Granada se ha destacado que estas decisiones son "exclusivamente políticas". 

Esta puntualización responde a la afirmación realizada por Castillo el pasado jueves, cuando aseguró que "los 38 inspectores, tengo los informes de centro a centro, aquí están, todos dicen lo mismo" en relación que los dos primeros cursos de Secundaria se impartan por maestros en colegios y no en un instituto por docentes especialistas. "Todos, aquí están, diciendo esto no puede seguir así", aseguró sobre la necesidad de acometer la reforma de los colegios públicos rurales. 

Los inspectores alegan que sus informes siguen criterios "técnicos" y que no son "necesariamente favorables" a la decisión que se quiso adoptar de suprimir la ESO en los colegios rurales

Tras estas afirmaciones, la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía -"ante la posible interpretación" en relación con el papel jugado por el Servicio de Inspección de Educación en la decisión de suprimir los estudios de Secundaria en los colegios rurales y la creación de los CEIPSO (centros en los que se imparte desde Infantil y Secundaria)- insistió en que "han sido y son decisiones exclusivamente políticas en las que nada ha tenido que ver el Servicio de Inspección, ya que la adopción de estas medidas no son de su competencia".

En este sentido, la Asociación incide en que "como Servicio eminentemente técnico, se ha limitado a realizar los informes" que ha demandado el delegado. "Y que en todo caso han sido elaborados con criterios rigurosamente técnicos, con absoluta independencia, no necesariamente favorables a la decisión que se pretende adoptar y en todo caso ajustados a lo establecido en la normativa vigente, aclarando además que dichos informes en ningún caso son vinculantes".

Uno de estos informes destaca en sus conclusiones que "el Semi D debe mantenerse abierto mientras permanezcan abiertos otros Semi D en la comunidad autónoma de Andalucía dado las características peculiares de la comarca de la Alpujarra". Entre estas características, el informe que abala la continuidad de los Semi D destaca la meteorología y "la carretera de alta montaña" que, asegura, supone "un peligro para sus hijos e hijas en el trasporte escolar diario". Este mismo informe concluye que "la Ley Educativa debe dar respuesta a las características específicas de las zonas rurales como ha ocurrido hasta este curso escolar". Estos mismos argumentos se repiten en al menos otro informe de la Inspección en Granada.

En cuanto a la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía, expresan en el comunicado que "no deseamos que en esta situación de conflicto de intereses y en un contexto de alarma social, provocada por las repercusiones que estas medidas pudiesen tener para alumnado, profesorado y familias, la inspección de educación pueda ser instrumentalizada interesadamente, en ninguna dirección. Y desde estas páginas queremos garantizar que a pesar de lo que se pueda decir o pudiese parecer, este servicio actuará, en este caso y en todos, con lealtad institucional, pero con total independencia profesional y en el ámbito de las atribuciones que le corresponde por ley, por encima de cualquier interés particular".