Algunos de los investigados en el caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal, han pedido a la jueza instructora de la causa que cite para declarar a los peritos de la Junta de Andalucía que han firmado el último informe remitido al Juzgado, un documento que señalaba un cúmulo de irregularidades urbanísticas en el desarrollo de los terrenos donde se construyó la urbanización Ciudad de la Luz, en el Plan Parcial N-2.

El objetivo que persiguen los imputados al solicitar esa comparecencia como testigos de los peritos autonómicos es que los abogados defensores puedan plantearles sus preguntas, "con el ánimo de poder evidenciar en esta fase procesal las contradicciones y errores en los que incurre" el último informe incorporado a la causa. Así lo expone Rafael López Guarnido, abogado de uno de los cargos de Urbanismo investigados en esta causa.

Su propuesta es de adhesión a otro escrito anterior del letrado que representa a la exconcejal Isabel Nieto, el que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otros tres altos cargos de este área municipal en la etapa de gobierno del exalcalde José Torres Hurtado. Su letrado, Ernesto Osuna, pidió esa comparecencia de los peritos en sede judicial, aunque adelantó una batería de preguntas sobre el informe, con la que trata de poner en tela de juicio sus conclusiones.

Entre las dudas planteadas, la defensa de estos investigados planteaba que si, como sostienen los peritos, la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz no sería legal por no haber terminado toda la urbanización del entorno, tampoco sería legal el funcionamiento de otros muchos edificios de la ciudad. Y señalaban en especial el caso del Hospital del PTS, dado que comenzó a funcionar cuando aún no habían concluido todas las obras del proyecto de urbanización del Campus de la Salud.

La ratificación en sede judicial del informe pericial por parte de sus autores no es algo obligado en la fase de instrucción (sí lo sería en un hipotético juicio), pero los abogados piden a la jueza que admita esta petición para facilitar el "derecho de defensa" con respecto a un informe que -según admiten los propios investigados- "adquiere una gran relevancia en el devenir futuro del proceso, al referirse al concreto objeto de imputación que sostienen las acusaciones".

La jueza de este caso ha encargado a los inspectores de la Junta de Andalucía, como peritos judiciales en asuntos urbanísticos, un informe por cada uno de los grandes asuntos investigados. El del PP N-2 es uno de los primeros y el que por el momento revela supuestas irregularidades de mayor calado y relevancia.